Uno de los mayores retos de la humanidad en el siglo actual es ordenar el rápido crecimiento de las ciudades, en un mundo que cada día es más urbano. Hoy día las ciudades agrupan y enfrentan los desafíos más urgentes de la sociedad, como el desempleo, el cambio climático y el deterioro del medio ambiente, aunque lo cierto es que en las ciudades residen las oportunidades reales para promover el desarrollo económico, mejorando la eficiencia energética, reduciendo las desigualdades sociales y creando modelos de vida sostenible para todos. 

Es indudable que los procesos de urbanización permiten acceder al desarrollo, pero hay que reconocer que la urbanización es el elemento inductor y no un simple resultado del desarrollo; la urbanización debe ser vista como una herramienta para transformar las formas de vida y los medios de subsistencia, ya que las ciudades y sus habitantes enfrentan desafíos impostergables, como las personas que viven en tugurios o en la calle, el crecimiento permanente del sector informal, el deterioro de los servicios urbanos, especialmente en materia de agua y saneamiento, y el uso eficiente de la energía, el crecimiento periférico disperso, una movilidad cada día más inadecuada y lenta, y la vulnerabilidad ante los desafíos climáticos.

Es cierto que las ciudades desempeñan un papel fundamental como motores del desarrollo económico y social, por lo que todo lo antes dicho tiene que ser atendido adecuadamente y de manera integral, con una verdadera planificación a largo plazo, complementada por la normativa adecuada y su aplicación homogénea y sin favoritismos.

Desafortunadamente, en nuestro caso hemos carecido de las estrategias para planificar adecuadamente el crecimiento y la mejora del espacio  urbano de nuestra Mérida y su zona metropolitana. El no contar con un plan director adecuado limita el potencial económico de la ciudad e incide en la salud, las oportunidades y en el bienestar de sus habitantes. 

Por ello las autoridades municipales deben contar con la capacidad suficiente para facilitar acuerdos con la sociedad que gobiernan, fomentando la confianza, arbitrando equitativamente todos los conflictos de su desarrollo, como las controversias de uso del suelo.