23 de Mayo de 2018

Opinión

Meter en orden a empresas de grúas

El municipio de Solidaridad pierde por cada arrastre de grúa 530 pesos aproximadamente (8.3 salarios...

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El municipio de Solidaridad pierde por cada arrastre de grúa 530 pesos aproximadamente (8.3 salarios mínimos vigentes en Quintana Roo). Por día, cada una de las cuatro empresas de grúas realiza cuando menos cinco arrastres, lo que resulta en cuantiosa suma que debería entrar al erario y no en bolsillos de particulares.

Se calcula que son dos millones de pesos mensuales que se reparten Figueroa Grúas, Grúas del Carmen, Grúas Riviera y Peca, pero que por ley debería percibir la Comuna.
La cantidad, se sabe, depende de la dimensión de la unidad y la distancia del traslado, entre otros factores. La cifra es un cálculo que podría ser mayor, en perjuicio del municipio y sus habitantes. 

Esta es, ni más ni menos, una de las razones por las que no hubo liquidez en las dos últimas administraciones (anteriores a la del presidente Mauricio Góngora Escalante), convertida ésta en un pretexto de los ex presidentes frente a tantas carencias y labores inconclusas.

La regidora perredista Laura Beristáin Navarrete, la promotora de la regularización, exigió no dar “carpetazo” a este asunto, considerado importantísimo no sólo por la liquidez sino también por cumplir lo que dicta la ley.

El Artículo 203 del Reglamento de Tránsito establece que el arrastre será ordenado por el policía a las grúas de su Dirección o a las que ésta autorice. La realidad es que la Dirección de Tránsito no cuenta con grúas, por lo que requiere el auxilio del servicio privado. Peor aún, el municipio no tiene un inmueble para resguardar los vehículos removidos, por lo que, para dicho servicio público, la Dirección también recurre al auxilio de particulares.

La ley es clara en su Artículo 204, y aquí el enorme problema: “Los gastos que ocasione el arrastre serán a cargo del infractor, de acuerdo a la tarifa que al efecto expida el Ayuntamiento. El pago del arrastre sólo se podrá realizar en las cajas de la Tesorería Municipal, independientemente de que el servicio lo realice una grúa particular autorizada por la Dirección de Tránsito”.

La realidad refleja que desde la entrada en vigencia del Reglamento de Tránsito, el ayuntamiento no ha expedido tarifas para el servicio público de arrastre, y contrario a lo estipulado por la norma, el pago de los derechos por el arrastre no se está realizando en las cajas de la Tesorería, sino en las empresas privadas.

Éstas, que prestan el servicio público de grúas y corralones, lo hacen en un total vacío legal, lo cual ha derivado en abusos en la aplicación de las tarifas, ya que al no cumplirse el marco legal vigente, el ayuntamiento no controla ni percibe proporción.

Son constantes los reclamos de los ciudadanos que llegan a las regidurías solicitando ayuda ante los excesos de las grúas particulares. En tal sentido, cabe recordar que en el 2012 el ayuntamiento aprobó descuentos para los propietarios de los vehículos que se encontraban en los corralones para intentar subsanar un mal de origen.

Laura Beristáin ha criticado, con justa razón, un tema igual de escandaloso. Hay inquietud y preocupación porque los corralones en operación se encuentran saturados con unidades, lo cual implica un riesgo para realizar maniobras internas seguras, sin causar daños a otros vehículos, además de que el hacinamiento en los depósitos representa amenazas a la seguridad y la salud públicas, así como al medio ambiente.

Es una lamentable realidad que comparten otros municipios y que debe resolverse. La propuesta ha recibido el beneplácito de diversos sectores, de ciudadanos inconformes y de los regidores, quienes ya acordaron su revisión. Ahora urge, pues, su aprobación en breve.

El dinero se lo están llevando los privados, y pocos, muy pocos se benefician. No es justo.

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