Hicimos un Estado ingobernable cuando no había necesidad. La crisis no es de un gobierno u otro, de un partido u otro, sino de todos, donde el Estado mexicano debe atender sin repartir responsabilidades, sin simulaciones, sin mentiras, porque nadie puede negar que en la ingobernabilidad, el país corre el peligro de enfrentar problemas más graves de consecuencias insalvables.

No debemos cerrar los ojos a una realidad, ni mucho menos creer que esta crisis se resolverá con reformas que presuntamente van a traer bienestar al país y a su población; necesitamos atender el problema de fondo, porque no es una situación aislada, sino un problema estructural.

El hallazgo de fosas comunes en el estado de Guerrero ha dejado en trance a la sociedad mexicana. Su existencia es una macabra e irrefutable evidencia de la descomposición del tejido institucional.

A las afueras de Iguala, Guerrero, al menos unas diez  fosas clandestinas han sido localizadas, a sólo a unas semanas de la represión policial y municipal en esa ciudad, contra una manifestación de estudiantes normalistas que dejó un saldo de seis muertos, varios heridos y 43 jóvenes desaparecidos.

Es inútil achacar toda la responsabilidad al fallido Estado de Guerrero, pues lo que viene ocurriendo estos días allí sucede a diario en casi todas las regiones de México, donde la ilegalidad, los asesinatos, las ejecuciones extrajudiciales (Tlatlaya, Estado de México) y las desapariciones dan cuenta de una nación que vive al borde del caos.

Diversas organizaciones de derechos humanos demandan a las autoridades, especialmente a la Procuraduría General de la Republica, una investigación rigurosa que explique las desapariciones en Iguala. No obstante, el pueblo mexicano, victimizado por todas las formas de violencia que está sufriendo, es consciente de que la impunidad reina entre los responsables, algo inaudito en estos tiempos en América Latina.

Tras el macabro hallazgo de las fosas comunes, todos se preguntan por qué el gobierno federal no ha logrado dar con el paradero del alcalde del municipio de Iguala, en Guerrero, y tampoco con el jefe de la policía municipal, ambos en fuga; ninguna autoridad local sabe nada de ambos. Hay 22 policías detenidos, pero no los responsables. Se presume que tienen nexos con cárteles de la droga, grupos poderosos en la región guerrerense que utilizan los políticos decadentes y algunos funcionarios para ‘asegurar sus territorios’, mientras tanto en México todos están sin saber si los restos humanos de las fosas clandestinas encontradas son de los estudiantes desaparecidos, lo cual ya es un drama nacional.