No le tememos a la consulta ciudadana, afirmaron ayer los coordinadores del PRI y el PAN en el Senado, Emilio Gamboa y Jorge Luis Preciado. El del PRD, Miguel Barbosa, aseguró por su parte, que la consulta tendrá lugar y los ciudadanos terminarán echando abajo en junio la reforma energética cabalmente aprobada el miércoles por el Congreso.

Es extraña la lógica formal de la política mexicana. Se invierte una monstruosidad de dinero y trabajo para celebrar elecciones y financiar un voluminoso Congreso. Y cantidades formidables en foros, discusiones y propaganda a favor y en contra de la reforma energética. El Congreso cumple su función, legisla. En la Cámara de Diputados, las leyes energéticas son aprobadas con un promedio de 73 por ciento de los votos; en el Senado, el promedio se eleva a 76 por ciento. Pese a esa mayoría arrolladora, un 2 por ciento de los electores puede poner en entredicho la democracia representativa menos de un año después.

Ni hablar, son las reglas. Tocará a la Suprema Corte de Justicia resolver si la consulta procede o no. Y quizá entonces una mayoría de votantes eche abajo la reforma, como anhelan Barbosa, el PRD y Andrés Manuel López Obrador.

Lo cierto, por lo pronto, es que tres de cada cuatro legisladores aprobaron la reforma energética en sus dos fases, la de diciembre y la de julio-agosto. Es propaganda barata colgar una manta para hacerlos sentir que México no los perdonará. Es artero llamarlos traidores a la patria.

Traidores, en todo caso, con tres cuartas partes de los votos a su favor.