Lo ocurrido en Iguala, Guerrero, donde la policía entregó a 43 estudiantes normalistas a un grupo delincuencial, se trató de un crimen de Estado y de lesa humanidad; hoy el Ejecutivo federal debe valorar la renuncia del fiscal Jesús Murillo Karam.

Los padres de los normalistas acusan al titular de la PGR de manejar la información del caso Ayotzinapa con fines político-electorales, al deslindar en todo momento al gobierno federal y estatal, acotando la responsabilidad en la tragedia a las autoridades municipales.

Fueron las propias autoridades quienes ordenaron a uniformados con armas de cargo y patrullas matar a los jóvenes; fueron ellos quienes los desaparecieron, todo esto es responsabilidad del Estado mexicano. No puede el procurador sacudirse las manos y decir, todo fue local y hacer creer que el Estado y la Federación nada tuvieron que ver.

El trato ríspido y poco sensible hacia los padres de los normalistas desaparecidos observado en la conferencia de prensa, no es sólo del procurador Murillo Karam, sino de todo el personal de la procuraduría que fue poniendo trabas, queriendo aislar los acontecimientos.

El gobierno de México ha fracasado en su estrategia de ignorar la violencia y enfatizar en el potencial económico del país. La revelación macabra de que fueron asesinados los 43 normalistas, puede ser el acontecimiento más decisivo en un caso que ha traumatizado el país y maltratado la credibilidad del Estado mexicano. 

La muerte de los normalistas fue confirmada por el testimonio de tres detenidos, que presuntamente dijeron que habían formado parte para la eliminación de los cuerpos.

Murillo Karam dijo que aún no había evidencia de ADN que demuestre que los restos calcinados pertenecían a ellos. Los padres angustiados de las víctimas se negaron a aceptar los resultados debido a la falta de pruebas, lo que podría hacer más difícil para el gobierno dejar atrás la crisis.

Murillo Karam entregó la cuenta tan esperada y ya sabida por todos en un tono sombrío, y los detalles fueron escalofriantes. Los estudiantes según él fueron llevados a un vertedero de basura en la parte posterior de dos camiones, después de haber sido entregados por la policía municipal a una banda de narcotraficantes.

El crimen ha horrorizado a los mexicanos como ningún otro en la historia reciente. Aunque el país ha estado plagado de asesinatos en masa desde que la violencia del narcotráfico surgió a mediados de la década de 2000; el hecho de que las víctimas eran jóvenes, sin vínculo a las bandas criminales, duele en lo más hondo.

Se agrava aún más porque fueron secuestrados por la policía municipal y entregados a sus verdugos. Esto ha dejado a muchas personas disgustadas, que consideran estos hechos con un nivel cercano a la anarquía.