Escuchaba, la semana pasada, a Francisco Gil Díaz, entrevistado en la radio. El hombre, antiguo funcionario federal de relumbrón reciclado ahora, muy felizmente, en jefazo de una corporación telefónica transnacional, decía cosas muy razonables: que la infraestructura -es decir, todas las obras que se deben realizar para trasmitir llamadas en la red celular- hay que compartirla entre las diferentes empresas de comunicación en lugar de duplicarla o hasta triplicarla; que las tarifas de interconexión deben ser reducidas para beneficiar a los consumidores; que las reglas deben ser parejas para todos... 

En fin, simples observaciones de esencial sentido común que, sin embargo, te llevan a plantearte obligadas preguntas: ¿quién diablos no quiere compartir sus torres de transmisión o sus antenas? ¿Qué compañía no desea bajar sus tarifas? ¿Cómo es el entramado reglamentario y qué tanto propicia la perpetuación de prácticas monopólicas? ¿Por qué los competidores de América Móvil no han logrado una mayor participación en el mercado de la telefonía celular en este país?

Y, al mismo tiempo, como para sembrar todavía mayor confusión, está teniendo lugar una suerte de guerra propagandística en los medios de comunicación donde unos y otros se acusan de prácticas desleales, de no permitir la competencia, de beneficiarse de apoyos indebidos, etcétera, etcétera, etcétera.

En este tema, como en la práctica mayoría de los asuntos públicos que se tramitan en este país, hay una pavorosa opacidad y es muy difícil saber lo que está realmente ocurriendo. Y, encima, si una de las partes dice una cosa y luego sale la otra para afirmar exactamente lo contrario, pues entonces no tenemos otro remedio que adentrarnos, como siempre, en el enredado universo de las sospechas y las teorías de la conspiración. Todo lo imaginaremos, pero no sabremos la verdad. Y, por lo visto, a nadie le interesa que estemos enterados.