El gran problema de este país no es que no se haya industrializado; tampoco que no tenga una pujante clase media; ni que carezca de buenas universidades; ni que no cuente con instituciones sólidas. 

El drama de México es que todas estas realidades —la de que es una auténtica potencia industrial, la de que sus ciudades estén llenas de esplendorosos centros comerciales, la de que existan el ITAM y El Colegio de México y la de que el sistema electoral, por ejemplo, sea uno de los más perfeccionados de todo el mundo— no son de aplicación general a lo largo y ancho de la nación sino que benefician a menos de la mitad de los mexicanos. 

Y así, una parte de la población lleva a cuestas a la otra y los indicadores globales de bienestar andan por los suelos, por no hablar de esas comunidades donde los niveles de vida son comparables a los del África subsahariana más pobre.

Hay razones históricas para esto, desde luego: desde sus orígenes mismos, la nación mexicana se sustentó en un sistema económico de intrínseca desigualdad. Para mayores señas, todavía en 1910, los indios yaquis eran prácticamente esclavizados por los hacendados del henequén en la península de Yucatán. 

Y, a pesar de que tuvo lugar una gran revuelta social al comenzar el siglo pasado —que, de paso, dejó absolutamente arruinado y empobrecido al país—, los gobernantes revolucionarios no instauraron un régimen abierto en lo político, ni en lo económico, sino que habitaron simplemente un espacio, el que ocupaban antes el dictador y sus allegados, para preservar los privilegios de una nueva clase dirigente.

Nunca hubo manera de celebrar contratos y acuerdos, o de llevar a cabo proyectos, que no implicara una absoluta complicidad con el poder político. Es por eso que, hasta nuestros días, una de las más distintivas aspiraciones del mexicano de a pie es lograr un cargo público que le permita traficar con la repartición de redituables prebendas y beneficios. 

El capitalismo a la mexicana es algo muy restringido: ¿quién puede adquirir decenas de permisos para operar un equipo de taxis? El familiar, el amigo o el compadre del funcionario responsable de expedir las licencias; o, en el caso de un recién llegado, el que esté dispuesto a untar espléndidamente la mano del otorgador. 

¿Quién transporta las gasolinas de Pemex? No lo sabemos, pero lo imaginamos; no somos ni usted ni yo, estimado lector, eso sí que lo tenemos muy claro. ¿Quién obtiene la autorización para operar una agencia aduanal? ¿Quién logra ser el intermediario que se interpone, de manera infranqueable, entre el productor agrícola y los compradores en las ciudades?

¿Cómo se consigue una bodega en la Central de Abastos de la capital de todos los mexicanos? ¿Quiénes reciben las concesiones para proporcionar servicios a las instituciones del Gobierno? ¿Quién consigue venderle su terreno a las autoridades aeronáuticas para edificar un aeropuerto? Etcétera, etcétera, etcétera…

Estamos hablando aquí de un sistema excluyente de repartición de beneficios económicos y, por lo tanto, de una maquinaria que mantiene en la pobreza a muchos ciudadanos porque tiene un carácter esencialmente disuasorio: los individuos emprendedores, enfrentados a la realidad de la tramitología, la competencia desleal, los tratos de favor y las adjudicaciones arbitrarias, se retiran de la escena y perpetúan, involuntariamente, la concentración de la riqueza en manos de unos cuantos. 

Muchos sectores de la economía mexicana están así dominados por los monopolios y en ellos no pueden incursionar los recién llegados, por más capacitados y eficientes que puedan ser. 

Es más, el propio Estado ha sido privatizado, por así decirlo, o, en todo caso, confiscado por ciertos grupos corporativos: ¿un simple ciudadano de a pie, con la debida formación educativa, puede concursar para obtener una plaza, digamos, en Pemex, en CFE o en el sector educativo, o tiene que comprarla? Se dice, por ahí, que los cargos llegan a costar 200 mil pesos. 

Y, de cualquier manera, si muchas de esas tales plazas son hereditarias, entonces ya no son patrimonio de todos los mexicanos sino propiedad exclusiva de algunas familias. Pero, entonces, ¿qué ocurre si este esquema cerrado se multiplica en el espacio económico de todo un país? Pues, muy sencillo: un sistema excluyente crea gente excluida. Ahí están esos 50 millones de mexicanos que viven en la pobreza, para mayores señas.

Este es el punto de partida de nuestro país, en los comienzos de 2014.
Al tiempo…