El reportaje de Rodolfo Montes, aparecido anteayer en este diario, pareciera ser lo suficientemente probatorio como para absolver, sin mayores juicios, a las milicias populares de Michoacán: 59 familias, en la localidad de Tancítaro, recobraron los “huertos, casas, ranchos y otras propiedades que Los Caballeros Templarios habían arrebatado tras secuestrar y asesinar a sus parientes […] los grupos de autodefensa […] recuperaron esas propiedades y, luego de una investigación, decidieron devolverlas a sus dueños”.

Los pobladores se reunieron en la plaza principal con Estanislao Beltrán, alias Papá Pitufo, portavoz de las autodefensas quien, acompañado de uno de los comandantes de los grupos, hizo una entrega simbólica de las propiedades en una insólita ceremonia pública de restitución donde no participó autoridad alguna. El testimonio de Alfonso Cevallos, que recuperó un terreno que ahora piensa donar a la Cruz Roja, no sólo nos habla del desamparo de esa gente y la inoperancia de los diferentes gobiernos sino que pinta un cuadro aterrador: “Gracias a Dios y a las autodefensas, y no al Gobierno, es que hoy volvemos a tener lo que nos arrebataron matando a mi papá, matando a mis hermanos, a mis tíos Alfonso Cevallos Zavala, Ernesto Cevallos Gámez, Rafael Adrián Cevallos Gámez, Marcos Flores Sánchez, Ramón Gámez y Héctor Gámez”.

Este hombre, señoras y señores, nos está diciendo que los criminales asesinaron por lo menos a nueve personas de su familia. ¿Cuántos muertos necesita tener el Gobierno de un país para comenzar a enfrentar a los asesinos canallas? Y sí, en efecto, ahora llegan los grupos de autodefensa y, ocupando el vacío que las autoridades han dejado de manera tan escandalosa, han terminado por traerle seguridad y justicia a una comunidad. Pero, para don Alfonso, han arribado de cualquier manera con un retraso que ha dejado nueve cadáveres en el camino.

Ahora bien, estamos hablando, de todas formas, de grupos de personas armadas que desempeñan, abierta y públicamente, tareas que sólo le están facultadas al Estado. ¿Dónde queda entonces el principio de legalidad, más allá de que el hecho de que el propio Estado haya dejado en el abandono a sus ciudadanos nos obligue a cuestionar, de manera directa e inapelable, su propia legitimidad? ¿Se puede admitir y consentir la presencia, en el territorio nacional, de estos grupos? Dicho en otras palabras, ¿se puede hacer una excepción en el caso particular de las milicias populares de Michoacán, mirando hacia el otro lado y olvidándonos temporalmente de las leyes consagradas en nuestra Carta Magna?

No tiene mucho caso referirnos a las autoridades municipales y a un poder estatal que se encuentra absolutamente desbordado por la situación desde hace demasiado tiempo (es decir, desde hace muchos cadáveres) pero el Gobierno federal, a partir del momento en que decidió actuar de forma más directa y contundente, tiene ahí un dilema molestísimo. Para empezar, no puede ir a contracorriente de un pueblo de Michoacán que, al haber ya recobrado ciertos niveles mínimos de seguridad —gracias, precisamente, a los grupos de autodefensa—, no aceptará en manera alguna que sean disueltos o, peor aún, reprimidos. Y, sobre todo, ¿no está el enemigo, más bien, en otra parte? ¿No son los tales Caballeros Templarios quienes deben ser combatidos en lugar de esos ciudadanos valerosos que se han organizado espontáneamente para proteger y rescatar a sus semejantes?

La posible solución a este problema se puede vislumbrar en otro reportaje, el de Juan Pablo Becerra-Acosta, publicado también en este periódico. En Parácuaro, según cuenta nuestro compañero, estaban “policías federales y civiles patrullando juntos el lugar […] los federales con sus vehículos artillados y sus fusiles de asalto, y las autodefensas con sus trocas y sus escopetas de caza y sus pistolas, dándose la mano, charlando, acordando cómo convivir, cómo organizar la seguridad en este sitio. Ahí están, federales y autodefensas, hombro a hombro en la zona de guerra de la Tierra Caliente…”.

Más allá de lo emocionante que pueda ser esta confraternización, se trata de la salida que se le puede dar a un conflicto desde una postura de simple pragmatismo considerando, además, que los grupos de autodefensa no quieren perpetuarse en su condición de individuos armados sino, cuando ya haya seguridad en sus comunidades, volver meramente a sus vidas de siempre. No sabemos, a estas alturas, si esta asociación entre unos y otros resulta ya de una estrategia o si es algo escuetamente coyuntural. A mí, por lo pronto, me parece que estamos comenzando a percibir una luz al final del túnel.