La noche del lunes la pequeña chetumaleña Sairely Culebro, de apenas ocho años de edad, ingresó de urgencia a la clínica del IMSS con un fuerte dolor abdominal. Ni ella ni su familia pensaron que ese padecimiento terminaría por arrancarle la vida de forma prematura a causa de la criminal negligencia de los médicos de este hospital público que no se percataron de la gravedad de la niña hasta que fue demasiado tarde.

En un principio, la niña fue valorada por un doctor que consideró que no presentaba alguna enfermedad grave, aunque el diagnóstico cambió en la madrugada del martes, cuando se dieron cuenta que Sairely presentaba un cuadro de apendicitis.

Fuentes internas de la clínica mencionaron que la pequeña estaba lista para ser sometida a una cirugía inmediata desde las dos de la madrugada, pero por alguna razón desconocida el médico cirujano decidió posponer la operación, sin saber que con esa acción sentenció a muerte a la niña.

Desgarrados por el dolor, los familiares narraron que la apendicitis derivó en una grave peritonitis antes de que Sairely fuera llevada al quirófano a las 10 de la mañana, ocho largas horas después de que su diagnóstico fue realizado tardíamente.

La muerte de la menor chetumaleña causó profunda indignación incluso entre el personal médico y de enfermería de la clínica, porque no se explican como uno de sus compañeros pudo permitir que ocurriera esta tragedia.

Lo más doloroso es que esta atroz negligencia no es cosa rara en los hospitales públicos, donde los derechohabientes son tratados como pacientes de quinta por galenos insensibles que pisotean con sus acciones su juramento hipocrático.

También vuelve a poner sobre la mesa el urgente tema del renacimiento de la Comisión de Arbitraje Médico en el estado, iniciativa repleta de telarañas en alguna gaveta del Congreso local cuya Comisión de Salud y Asistencia Social, encabezada por la perredista Laura Beristain Navarrete,  tiene que reaccionar ante esta nueva tragedia.

En 2015 y 2016 se presentaron más de 150 denuncias por negligencia médica en hospitales públicos, las cuáles no se logran resolver debido a la incapacidad de las autoridades de determinar la responsabilidad profesional de los médicos y por la inexistencia de este tan necesario órgano de investigación.

Hoy, una familia se debate entre el dolor y la furia por una negligencia que puede quedar impune por la falta de elementos legales para proceder contra estos criminales de bata blanca que duermen como bebés de cuna.