La senadora Mariana Gómez del Campo  pidió en el Senado la semana pasada hasta seis años de cárcel  y dos años de suspensión de la licencia profesional  para los médicos  que “se negaran a atender” a mujeres en trabajo de parto, en vista de que los medios de comunicación informaron que algunas mujeres habían dado a luz en las afueras y los baños de los hospitales.

Adujo que esta medida reduciría la impunidad y desalentaría esta práctica (sic). Criminalizar y declarar guerras son resabios del sexenio pasado que no resolvieron nada. 

El médico es el último eslabón del  sistema de salud, que mucho deja a desear, por insuficiente, por el desabasto, por la voracidad de algunos funcionarios  administrativos y sindicales -de la que también los medios han dado cuenta-, por el enorme crecimiento de la demanda y el escaso incremento de la infraestructura hospitalaria.

En todo esto, los legisladores tienen  mucha responsabilidad, pues ellos otorgan los recursos y  deberían observar su buen uso, pero  muy poco les importa, ya que ellos y sus familiares  gozan de un generoso seguro de gastos médicos mayores – 15,000 salarios mínimos-,  otorgado por ellos mismos y por supuesto a cuenta de los contribuyentes. 

Los legisladores, por ser trabajadores federales, deberían acogerse a su derechohabiencia en el Issste  y mucho ayudaría que cuando menos visitaran  esta institución para conocer de cerca los problemas por los que pasan los trabajadores del Estado que carecen de privilegios, pero, si  se atendieran  en esta institución, entonces seguramente legislarían para corregir y mejorar sus servicios de salud;  otros legisladores presumen que las instituciones de salud de México  son grandes logros de la  Revolución y, aun así, no son dignas de sus altas investiduras,  porque siguen tratándose en hospitales del  vecino  país del Norte.

Para poder atender un parto en un hospital se requieren cuando menos siete años de preparación después  de la preparatoria y  once para realizar una cesárea; para ser legislador basta  con tener un buen padrino. Los salarios mensuales son injustamente contrastantes: veinticinco mil pesos después de impuestos para un médico especialista y casi ciento cincuenta mil pesos  para un legislador más otra cantidad en bonos. La negligencia del médico pone en riesgo una vida y la del legislador muchas, por eso  también debería tipificarse la negligencia legislativa. 

Antes de criminalizar la  “falta de atención”, la senadora debió analizar todo lo que hay atrás de un médico que trabaja en un hospital con carencias, con prolongadas jornadas de trabajo, con una demanda de servicios que supera sus capacidades y unas autoridades que le exigen calidad y calidez, pero que no siempre le dan los recursos suficientes.

Desde luego que hay  médicos que deberán ser sancionados por conductas abusivas; pero propuestas como ésta explican por qué el país está a la altura de sus legisladores.