E1 12 de diciembre de 2006, apenas unos días después de su toma de posesión, el segundo presidente panista de México, Felipe Calderón Hinojosa, declaró, en Michoacán, su estado natal, la guerra -luego lo negó- contra el narcotráfico e involucró al Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina.

Disquisiciones semánticas aparte –como la que se ha suscitado con el verbo abatir usado por miembros del Ejército en Tlatlaya-, lo cierto es que Calderón Hinojosa fue quien tomó la decisión de que las fuerzas armadas se sumaran al combate al crimen organizado que ya rebasaba –o había corrompido- a las policías federal, estatales y municipales. Una medida con la  que muchos no estuvimos de acuerdo. Hoy, al presidente Peña Nieto le es extremadamente difícil devolverlos a sus cuarteles, como quisieran los propios soldados y millones de mexicanos.

Sin ser experto en cuestiones de milicia, cualquiera con dos dedos de frente sabe que los militares están entrenados para la guerra y en la guerra se mata y se muere –daños que se consideran inherentes a esa actividad aquí y en la Gran China y en todas las épocas-. Los soldados y marinos no están hechos –no está en su constitución mental- para investigar, ni para detener o perseguir delincuentes. Están hechos para matar (aniquilar o abatir) al enemigo, así de simple y claro. Al meterlos en un conflicto para el cual no están entrenados, los ponen al filo de la legalidad y los orillan a cometer lo que en lenguaje civil son abusos, como el de los muertos en Tlatlaya.

Los mandaron a una misión para cuyo cumplimiento no les dieron más armas que las de fuego y ellos, acostumbrados a usarlas, las han estado usando, para mí que con demasiado comedimiento. Juzgarlos con los medios y las leyes civiles no me parece justo porque ellos están en otra esfera. Y no digo que los dejen emprenderla a sangre y fuego contra el enemigo, sino que entendamos que si los mandan a la guerra es a matar. Hubiera sido mejor no meterlos, pero ya los metieron. Que vuelvan cuanto antes a sus cuarteles.