Una advertencia todavía inverosímil de Greenpeace debe preocupar sobremanera: el Gobierno de la República podría autorizar pozos petroleros y extracción de gas en cualquiera de las 176 Áreas Naturales Protegidas (ANP) del país, incluidas, claro está, las 27 de Quintana Roo: 10 bajo la coordinación del Gobierno del Estado, 16 a cargo de la Federación y una coordinada desde el Ayuntamiento Benito Juárez, según precisa la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Durante la discusión en materia energética en el Pleno del Senado, es frecuente la inquietud provocada por el dictamen de la Ley de Hidrocarburos, la cual aprueba actividades de exploración y explotación energética en las ANP. Ni hablar de lo que piensan ecologistas o activistas sociales con intereses afines, quienes critican la intención con tremenda razón.

Hace rato que levantan la voz para acusar que, en caso de promulgarse la ley, si una compañía nacional o extranjera detecta que en su ruta de distribución “se atraviesa” un Área Protegida, podría instalar aun así los ductos necesarios para el desarrollo de sus negocios. Han pasado inadvertidos, en beneficio de quienes idean, promueven y aprueban.

El modelo económico de Quintana Roo depende del sector turístico, que a su vez presume los maravillosos ecosistemas del Caribe Mexicano; auténticas bellezas que deben procurarse y no sólo conservarse o “protegerse” con leyes susceptibles de cambios tan bruscos. Peor aún, que sean perjudiciales para una entidad que venera a la selva en su himno; la misma, por cierto, que habitaron los mayas de la civilización admirada por el resto del mundo y que sigue siendo generosa con propios y extraños.

Quintana Roo es parte del segundo sistema arrecifal más extenso, recibe a la mitad de las tortugas marinas, la cobertura forestal ocupa el 70 por ciento del territorio y posee una riqueza biológica con impresionante diversidad de especies, muchas en peligro de extinción. Parte de eso estaría en riesgo pese a que las administraciones estatales han implementado instrumentos de política ambiental en casi toda la geografía.

De aprobarse esta ley como ha sido planteada, peligran, entre otras: Parque Nacional Tulum; Sian Ka’an; Playa de la Isla Contoy; Parque Nacional Isla Contoy; Yum Balam; Área de Protección de Flora y Fauna Uaymil; Parque Nacional Isla Mujeres y Punta Nizuc; Parque Nacional de Arrecifes; Banco Chinchorro; Parque Nacional de Arrecifes de Puerto Morelos; Arrecifes de Sian Ka’an; Otoch Ma’ax Yetel Kooh; Bala’an Ka’ax; manglares de Nichupté; Reserva de la Biosfera del Tiburón Ballena, y la franja costera terrestre y marina de Cozumel.

Además de las posibles devastaciones, dejaría vulnerable la sustentabilidad del modelo turístico, lo cual no debe permitirse. Si se ha condenado la devastación menor de selva por parte de comuneros en Holbox, con ímpetu similar debe castigarse una posible aberración medioambiental.

El riesgo es latente, pues a ello se suman los efectos del cambio climático; una alta deforestación ocasionada por cambios de uso de suelo; las pérdidas de biodiversidad por incendios forestales, así como la contaminación del suelo y el agua debido a los asentamientos irregulares sobre todo en Cancún, entre otros.

Es momento que se preserve el Quintana Roo de hoy para las siguientes generaciones sin detener el desarrollo, pero sin deteriorar la naturaleza. La vocación ecológica, turística y económica no puede permanecer en peligro. Es momento de que las localidades rurales y aisladas se integren a las actividades productivas, las cuales deben ser amigables con los valiosos ecosistemas, y no que ocurra lo contrario.