La expresión “¡Nos chingamos al Estado!”, repuesta al mea culpa de la PGR, en el evento de desagravio ofrecido a Jacinta Francisca Marcial y a las ñanu Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, se queda corta frente al abuso de poder ejercido por quienes detentan la fuerza. La frase entra en puntos suspensivos, porque las mujeres indígenas han sido agraviadas de diferentes formas en la historia y en el presente. Es suficiente observar cómo a nivel internacional y nacional el reconocimiento a los derechos de las mujeres indígenas es pobre. Las convenciones, leyes y códigos en los que se protege a la mujer son variados y pueden considerarse incluyentes, pero, en lo particular, las mujeres indígenas siguen relegadas jurídicamente. De entre los pobres, ellas son las más pobres. La discriminación, los abusos de poder y variadas formas de violencia contra ellas son ejercidos consuetudinariamente.

Jurídicamente las mujeres indígenas son casi invisibles, son mencionadas de manera directa en siete ocasiones en los siguientes ordenamientos de la Federación: la Constitución federal, la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Ley de Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados y la Ley de Capitalización del Procampo. Eso es todo, si Francisca, Alberta y Teresa lograron compungir a un órgano de justicia, aplausos, pero aún nos deben el reconocimiento de nuestros derechos elementales en la práctica. Nos deben presencia en la Ley General de Salud y en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, por no mencionar la Ley de Desarrollo Social, la Ley General de Educación y la de Seguridad Social y contando.

En la esfera regional no existe un mecanismo jurídico aplicable a las mujeres indígenas, la mayoría de ellos, si se encuentran contemplados, no son elementos vinculantes. Las mujeres indígenas siguen padeciendo los agravios de todos calibres y este es un asunto de legislaciones que deben partir del hecho de que las mujeres no somos un grupo homogéneo. El derecho debe garantizar a las mujeres rurales e indígenas igualdad frente a otras en mejores condiciones o que sufren algún tipo de vulnerabilidad. Mientras más nos preocupemos por legislaciones tendientes a asegurar la igualdad frente a las oportunidades, mayor debe ser la visión de la desigualdad.

¡Nos chingamos al Estado!” es un ánimo de euforia. Mejor ofrézcannos respeto jurídico, para construir las avenidas de Allende, el mártir chileno.