Hace algunos años, gracias a varias investigaciones muy serias del Instituto Nacional de Salud (INS), nos dimos cuenta de que teníamos un gravísimo problema de automedicación y, en particular, de uso casi libre e ilimitado de antibióticos, lo que ha comenzado a crear resistencias a infecciones en la población mexicana.

El gobierno promovió y logró la aprobación de diferentes regulaciones que obligan hoy a las farmacias a pedir receta cuando se trata de antibióticos. Parte de la idea era reducir el consumo de antibióticos en México, que ya nos recetábamos para cualquier gripa. Una revisión médica completa y la decisión de un profesional de la salud era un buen filtro para que la gente se medicara solo cuando lo necesitara.

Poco nos duró el gusto.

Las farmacias mexicanas, tan voraces como otros empresarios, inventaron los consultorios adyacentes; contrataron a jóvenes doctores, les dieron un sueldo y los pusieron a recibir a quienes llegaban sin receta a pedir una medicina. En algunas cadenas las consultas son de a 25 pesos; en otras, gratuitas.

A unos años de la decisión de controlar los medicamentos con receta resulta que —ahora sí— salió peor el remedio que la enfermedad. Según la última Encuesta Nacional de Salud, en los consultorios de las farmacias 63 por ciento de quienes los visitan sale con una receta de tres o más medicamentos. Solo uno de cada cien sale sin receta. En IMSS, ISSSTE y consultorios privados, ocho de cada cien salen sin medicamento; 51 por ciento sale con tres o más medicamentos.

En la encuesta de calidad a los usuarios de estos consultorios adyacentes a farmacias, la principal razón para no regresar es… que no se curaron. Es decir que gastaron, se medicaron y no sirvió de nada.

El mismo INS sospecha que podrían “existir incentivos económicos para medicar injustificadamente”.

Dice el INS que estos consultorios son “un elefante en la habitación; esto es, son un hecho evidente e ignorado, cuando en realidad forman parte sustancial de los servicios de salud. La permisividad es errónea y tiene consecuencias, como el gasto de bolsillo y la sobreprescripción. Dada su magnitud en términos de servicios otorgados resulta pertinente fortalecer la regulación y promover una interacción saludable entre los Medafp y el resto del sector salud”.

Así es como una buena acción de un gobierno se pervierte.

Twitter: @puigcarlos