Sobre la rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, María Esther Orozco, pesa un citatorio de la Procuraduría de Justicia del DF relativo a denuncias por supuestas malversación de fondos y usurpación de funciones.

El sábado, La Jornada informó que “debió presentarse ayer viernes ante el agente del MP que la requiere”, pero la señora solicitó “hacer su declaración hasta el próximo lunes 28, lapso que le fue concedido por las fiscalías de Benito Juárez y de Servicios Públicos”. En su nota, el reportero Alejandro Cruz escribió que también ella pidió que su declaración ministerial fuera levantada en la UACM, lo cual le fue negado, “y se le advirtió además que, en caso de no asistir a las instalaciones de la procuraduría capitalina, se giraría una orden de presentación en su contra…”.

¡Gulp!

El acuerdo que puso fin al paro de irrecuperables 90 días, suscrito por la rectora, sus adversarios, la Asamblea Legislativa, la Comisión de Derechos Humanos y el Gobierno del DF, estableció el compromiso de que no habría sanciones académicas ni persecuciones judiciales para los activistas, pero los cargos contra Orozco son anteriores.

Las acusaciones, sin embargo, parecen tan infundadas que sorprende que la procuraduría defeña las tome en serio, sospechosistamente, ¡a cinco meses de levantadas!

En una se denuncia que la rectora carece de la cédula profesional, pero ella explica: “Jamás la he necesitado porque nunca he ejercido mi profesión como química, bacterióloga y parasitóloga. Me he dedicado a la academia y, para ser científica o cursar maestría o doctorado, nadie me la ha requerido”.

Su título de licenciatura, dice, “está colgado en la casa de mi madre, que vive en la Sierra Tarahumara, junto con los de mis hermanos”, y de la probable inexistencia del mismo exhibe la copia de un acta de examen profesional expedida por la Universidad Autónoma de Chihuahua, así como la de un certificado que ampara 30 materias acreditadas en la carrera de químico, bacteriólogo y parasitólogo, y apabulla mostrando también los certificados de maestra y doctora en Ciencias otorgados por la Secretaría de Educación (además de las actas de sus exámenes finales, otorgados por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional).

En otras, los acusadores aseguran que ejerció el presupuesto de egresos de 2012 sin autorización del Consejo Universitario.

La rectora lo niega: la programación presupuestal fue entregada con oportunidad a la Comisión de Hacienda de ese Consejo, y el ejercicio del dinero fue auditado por la Contraloría General de la UACM, la Contaduría Mayor de Hacienda, la Auditoría Superior de la Federación y un despacho externo de auditores, “sin que ninguno de estos órganos independientes haya detectado alguna irregularidad…”.

No es casualidad que señalamientos como los descritos hayan atizado el paro de tres meses que realizaron quienes, gracias al acuerdo firmado, quedaron a salvo de persecuciones como la ministerial que enfrenta hoy la rectora.