22 de Septiembre de 2018

Opinión

Nuevos magistrados, al fin

Lo que parecía una quimera, ahora se ha vuelto realidad con la designación de dos nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado...

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Lo que parecía una quimera, ahora se ha vuelto realidad con la designación de dos nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado; y era una quimera porque los magistrados habían logrado enquistarse en el cargo hasta por 25 años porque se dicen ellos mismos que son inamovibles.

Pero todo cambió con la reforma de Ley presentada por el gobernador Roberto Borge Angulo para que se limiten los periodos de los magistrados y en el que se ofreció una pensión vitalicia a cambio de dejar su lugar para nuevos profesionistas.

Los nuevos magistrados de número son Gustavo Adolfo del Rosal Ricalde, quien se  desempeñaba como director jurídico de la Auditoria Superior del Estado, y Juan García Escamilla, quien ha fungido como procurador fiscal de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado.

Los nuevos funcionarios del Poder Judicial del Estado, que fueron propuestos por el Jefe del Ejecutivo, entran en sustitución de la magistrada Lizbeth Loy Song Encalada y el magistrado Óscar Enrique Aguilar Angulo, la primera llevaba 26 años en el cargo magistrada, de los cuales 11 fueron magistrada presidenta; y el segundo, asumió en 1993, es decir, hace 20 años.

Otro de los candidatos al retiro voluntario con pensión vitalicia es el abogado Carlos Francisco Sosa Huerta, quien es recordado como oportunista al pretender que el Tribunal le mantenga su sueldo durante los cinco meses que estaría separado del cargo de magistrado numerario con la licencia temporal que para irse a España a concluir un curso de posgrado.

Cabe mencionar que el puesto de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado está muy bien pagado, con salarios mensuales superiores a los 60 mil pesos, y ahora, con la reforma, se podrán retirar con una pensión vitalicia del 100 por ciento de su salario los  primeros dos años de su retiro y el 80 por ciento a partir del tercero.

En otro tema, el exceso de impugnaciones de los partidos políticos en este proceso electoral habla muy mal de los candidatos y de sus res pectivos institutos políticos, porque refleja un pésimo nivel de las campañas electorales, muy al estilo de los sombrerazos que caracteriza a las tribus del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Los juicios son de todos contra todos y por todo, los partidos se la pasan entre ataques e impugnaciones como si se tratara de una competencia para ver quién presenta más  impugnaciones contra todos.

Son muchas las quejas que ha recibido el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) en los últimos días, lo cual no es nada reprochable, lo reprobable es que sean quejas por cosas insignificantes, como que le dibujaron bigotes a una candidata de tal o cual partido.

En pleno siglo XXI, se acusan unos contra otros por la destrucción o retiro de propaganda; que porque les bajaron sus pendones y pusieron otros, que porque amenazaron a activistas con palos y piedras, etcétera, etcétera. 

Tan solo los últimos diez juicios de protección para los derechos políticos electorales que ingresaron al Ieqroo son por parte del Partido Acción Nacional (PAN), de la Revolución  Democrática y el Verde Ecologista de México (PVEM); pero a ello hay que agregarles los que se encuentran en análisis en el Tribunal Electoral de Quintana Roo y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La queja que de verdad preocupa es la presentada por el Partido Verde Ecologista, el cual denunció sobre el supuesto incumplimiento de la cuota de género en las fórmulas de diputados de mayoría relativa del Partido del Trabajo, PRD y PAN.

A todo ello hay que agregarle los juicios para la protección de los derechos político electorales que derivaron de la lucha intestina que se libra al interior del PRD, tras el anuncio de su alianza con el PAN, lo cual terminó por dividir a ambos partidos y a provocar serios enfrentamientos entre sus militantes y candidatos.

Ya se veía venir. Lo cierto es que el actual proceso electoral de por sí inició ya judicializado, con dos litigios por la cartografía de los distritos electorales, y otro por el asunto de las candidaturas independientes.

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