Una vez más, las tajantes y amenazantes declaraciones de Emilio Chuaffet, titular de la Secretaría de Educación Pública, afirmando que a partir de enero del 2015 aquellos maestros que se negaron a ser registrados en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos y formar parte del Sistema de Información de Gestión Educativa serán cesados y echados a la calle sin miramiento alguno, deberán tomarse como parte de los buenos deseos de fin de año o bien, echarlas al saco de los regalos que Santa Claus olvidó dejarnos.

En qué falló la reciente reforma educativa, pues, Michoacán, Guerrero, y sobre todo Oaxaca, siguen como mecheros encendidos de la protesta magisterial al no acatar las disposiciones jurídicas de la nueva Ley General del Servicio Profesional Docente.

De qué sirvieron las amenazas de cese por mantener el plantón en la capital y abandonar a los niños a su suerte, si al final, poco a poco, regresaron a cobrar sus salarios, bonos y aguinaldo  retenidos, ante la complicidad de los gobiernos estatales. Hoy la encuesta del INEGI fue boicoteada e ignorada.

Si en verdad se está decidido a actuar con firmeza, ¿por qué el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, pide abiertamente el apoyo de los padres de familia para denunciar a los maestros faltistas y reconoce públicamente la incapacidad de la dependencia educativa para meter orden en Oaxaca? Asevera que buscan el fundamento legal para actuar, pues “tantos acuerdos, convenios y leyes volvieron verdaderamente una jungla jurídica a la Secretaría de Educación”.

No se puede estar pensando en encuadres jurídicos de 1992 para resolver el problema actual cuando recientemente se crearon nuevas leyes para el sector educativo. ¿Cuáles son los verdaderos intereses del gobierno oaxaqueño para no aplicar la ley como lo hacen los demás estados?

Lo insólito, se ha detectado el adiestramiento de niños en las escuelas sobre tácticas guerrilleras, las asambleas de los maestros de la CNTE son verdaderas escuelas anarquistas, centros escolares que físicamente operan pero no existe registro alguno de ellos, líderes sindicales que cobran fortunas por el control político de los maestros, maestros que no trabajan y cobran puntualmente su salario. 

Esta es la realidad educativa de Oaxaca y nadie en ese estado se decide a agarrar al toro por los cuernos. Si el Gobierno Federal no aplica la ley, seguiremos fomentando un México cada vez más violento.