En Ciudad del Carmen, Campeche, todos sabían que Oceanografía no era buena empresa y que por instrucciones de su dueño, Amado Yáñez, se dejaban de pagar salarios y se hacían muchas trampas más, y que sí era una favorita de Pemex porque, supuestamente, ganaba contratos por corrupción.

Por eso extraña que nadie se diera cuenta de las irregularidades, por decir lo menos, hasta que la Secretaría de la Función Pública la inhabilitara para celebrar nuevos contratos con el gobierno federal. El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, comentó que se investiga ya el asunto de Oceanografía no sólo como fraude a Banamex, sino como lavado de dinero.

El viernes pasado, Banamex dijo que “recientemente” se descubrió un fraude contra la institución por parte de la principal proveedora de servicios marinos a Pemex, con 87 barcos. Es decir, Oceanografía. Reconoció que a través de un programa de descuento de cuentas por cobrar se tenía registrada en libros la canalización de 585 millones de dólares, además de un crédito directo por 33 millones de dólares.

Me queda claro que fallaron los controles en Banamex, situación que se agrava por el tema de lavado de dinero y que sería peor si se agregara el de delincuencia organizada. La reputación del banco sí fue dañada y tendrá que actuar con mayor rapidez para determinar quién autorizó los documentos apócrifos de Pemex, y hacerlo público. Quizá por eso hay mucho nerviosismo dentro de la institución, pero el problema es claro: no fue una operación, fueron varias.

Los buques de Oceanografía representan alrededor de 40 por ciento de la flota que usa Pemex. Muchos de esos barcos los compró con un mecanismo similar al utilizado con Banamex; es más, la empresa de Yáñez Osuna colocó bonos y otros instrumentos de inversión en los mercados internacionales, como si nada. Eso lo investigan en Estados Unidos.