Lo menos que se puede decir es que fueron desafortunadas e irresponsables las palabras del diputado Juan Bueno Torio, exfuncionario de Pemex, al señalar respecto a Oceanografía que “a pesar de todas las descalificaciones de las que estamos siendo objeto en estas semanas algunos panistas, es evidente que es una estrategia del gobierno federal para disminuir al PAN…”.

El diario Reforma publicó una fotografía donde aparecía Gustavo Madero en una aeronave de la empresa en cuestión. El senador Javier Lozano, alfil de Ernesto Cordero (o viceversa), le conminó a dar la cara y explicar su relación con la empresa. Ernesto Cordero pidió que las autoridades y la dirigencia del partido investigaran el vínculo de Madero con el dueño de la empresa. El dirigente del PAN se deslindó y aclaró que fue el diputado Jorge Rosiñol Abreu quien gestionó el servicio aéreo ante el dueño en el banquillo. A su vez, el senador Luis Preciado afirmó que los ataques son comunes en un momento de contienda por la dirigencia del PAN.

En su respuesta Gustavo Madero dijo: “Estoy seguro de que la información detallada sobre el caso Oceanografía podrán ofrecerla los funcionarios que administraron Pemex en los últimos 12 años, así como los miembros de su Consejo de Administración en ese lapso”. El dicho del dirigente del PAN alude a los directores de Pemex, pero también a los secretarios de Energía y Hacienda, miembros del Consejo de Administración y, en cierto sentido, a los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, a éste por doble cuenta, ya que también fue secretario de Energía. Las expresiones llegan al ex dirigente del PAN César Nava, ex director jurídico de Pemex, cuya promoción estuvo entonces a cargo de Calderón, cuando era titular de Energía.

El diputado Bueno Torio, en pos de la gubernatura de Veracruz, se cura en salud frente al escándalo por un fraude de 400 millones de dólares en un solo caso, según Banamex y que ha provocado uno de los mayores ilícitos bancarios a estándares internacionales. Es evidente que la acción legal del gobierno federal resulta de la magnitud del delito y de las operaciones de una empresa que tenía un solo cliente y que sumaba cantidades multimillonarias; aunque privada era una paraestatal de la paraestatal, sin las restricciones contables o administrativas de Pemex. Oceanografía operaba desde antes de que Fox llegara a la Presidencia, el tema es la manera como creció por los privilegios fiscales y de proveeduría con la paraestatal y si hay funcionarios de Pemex previo a 2000 vinculados a la empresa.

Por ahora el tema judicial está en la relación entre el banco y el particular señalado. Sin embargo, es inevitable que las indagatorias lleguen a la empresa para determinar la responsabilidad en los documentos presuntamente falsificados (facturas que garantizaban préstamos) y también al mismo banco. No es admisible, por la magnitud de las operaciones, que Banamex haya sido sorprendido en un desfalco de tal proporción. De una o de otra manera, la responsabilidad llega a sus más altos directivos en México. También Oceanografía mantenía estrechos vínculos empresariales que conducen a otras entidades como Caja Libertad, que operaba en Querétaro y financiaba campañas del PAN, así como a OSA Edificadora y Constructora, empresa que se dice estuvo presente en la campaña del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y que ha obtenido en la entidad contratos millonarios de obra pública, versión negada por el gobierno local. Con el hecho se desvanecen las pretensiones presidenciales de Moreno Valle.

Los partidos no delinquen, son sus miembros. Más cuando tienen poder decisorio en asuntos de dinero y, todavía más, en un país en el que prevalece la impunidad, como bien lo señalara el señalado Felipe Calderón. Lo de Oceanografía es un megafraude. Aludir a los hijos de Marta Sahagún es cortina de humo sobre los auténticos responsables: ¿quiénes en el banco o en Pemex permitieron, participaron o se coludieron en el megafraude? ¿Hubo transferencia de recursos ilícitos a los bolsillos de funcionarios o a candidatos de PAN, PRI o PRD?

La PGR está haciendo todo para evitar la politización del caso. Por la actuación de las autoridades y de las palabras del procurador Jesús Murillo Karam y de los secretarios Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio se advierte la preocupación para proteger a Pemex y asegurar la continuidad operativa de una empresa crucial para la paraestatal.

El uso electoral del caso lo están haciendo los panistas en la disputa por la dirigencia nacional. Las palabras del senador Luis Preciado son concluyentes.

El tema de Oceanografía es uno de los muchos asuntos que muestran lo generalizado de la venalidad. Pero no es único. El país demanda un quiebre en materia de justicia y legalidad. Es urgente acabar con la impunidad, especialmente la que viene del sector gubernamental y de la élite empresarial. Que el que la haga la pague. Así de sencillo.