La enorme lista de dependencias, organismos y “empresas” gubernamentales de nuestro pesado aparato burocrático amenaza con seguir engordando en este nuevo gobierno, ya que el Congreso del Estado cocina sus propuestas para crear nuevos institutos para atender problemáticas muy específicas, aunque la solución no está garantizada.

Por tradición, cada gobierno intenta imprimir su sello en la administración pública no solo con el cambio de nombres de las dependencias ya existentes, sino con la supresión o creación de nuevos entes burocráticos, no siempre eficaces.

En el gobierno de Roberto Borge la contradicción llegó al absurdo, ya que por un lado engrosó la nómina gubernamental hasta el borde del colapso, inventando puestos a diestra y siniestra e incorporando un ejército de “asesores”, y por otro desapareció organismos como el Infovir y la Secretaría de Cultura en su mal recordada reingeniería administrativa que dejó a muchos empleados de niveles bajos en el desamparo.

Es un hecho que el gobierno que encabeza Carlos Joaquín González también realizará sus propios ajustes, lo que es un proceso natural del cambio de mando, pero se debe evitar caer en la tentación de fundar nuevas dependencias sin un propósito definido, o que dupliquen funciones.

Esto sale a colación porque en el Congreso local cocinan la creación de un Instituto Indigenista Quintanarroense, el cual se separaría de la Secretaría de Desarrollo Indígena (Sedari) a cargo del diestro ex alcalde cancunense, Julián Ricalde Magaña.

La iniciativa de crear este instituto surgió del diputado priista José Luis González y fue bien vista por Julián Ricalde, por lo que ya se están dando los primeros pasos para su nacimiento en 2017.

Pero, ¿realmente crear un instituto dará solución al rezago en la atención a la población indígena?  y además, ¿qué razón de ser tendría mantener al mismo tiempo a una Secretaría de Desarrollo Indígena, que en teoría atiende al mismo sector poblacional?

No es el único caso, pues también se pretende resucitar a la extinta Secretaría de Cultura, que Borge fusionó en 2013 con la Secretaría de Educación.

Lo malo del caso es que, a pesar de las buenas intenciones pregonadas y de los impuestos gastados en crear y mantener experimentos burocráticos, en la mayoría de los casos se convierten en elefantes blancos que en lugar de contribuir a mejorar el problema que se pretendía resolver, lo complican. Hay que ser más eficientes, en lugar de burocratizar.