Después de obtener el control del congreso la alianza PAN PRD así como de las principales comisiones se inician las negociaciones acerca de la llegada de servicios de transporte como Uber y Cabify a Quintana Roo, es necesario recordar que a mediados del año pasado con una mayoría priista el Congreso Estatal modificó su Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías Carreteras con la cual se evitó que empresas de transporte vía apps presten sus servicios.

Esta reforma que implicó modificaciones protectoras en los artículos 9  y 31 señala que no se considerará servicio de transporte público a los que estén siendo brindados por particulares y no tengan un permiso o concesión por parte del Poder Ejecutivo.

Con la entrada del nuevo gobierno se pretende dar facilidades y revocar estas modificaciones así como reformar la Ley de Transporte en el Estado, a fin de que la ciudadanía ya no sea presa de los sindicatos de taxistas y tenga alternativas de movilidad dentro de su municipio, lo que se pretende es abrir las puertas a nuevas agrupaciones o a plataformas tecnológicas, en donde a través de una aplicación se pide una unidad como Uber o EasyTaxi.

La modificación que hicieron a esta ley los diputados locales, quienes de esta forma ‘blindaron’ a los taxistas de la entrada de esta nueva modalidad de unidades virtuales, va ser revocada en la nueva legislatura, dado que los congresistas electos saben que se requiere de competencia en el transporte.

Ahora que se están preparando diversos proyectos y planes de gobierno de cara a la entrada de una nueva administración en Quintana Roo, se hace necesario romper paradigmas y viejos esquemas en los que se venían privilegiando los intereses particulares y de grupo y se respondía a necesidades más de orden político, para pasar ahora a un orden en el que el verdadero protagonista y beneficiario de la acción política y de gobierno sea el ciudadano.

La problemática de los Sindicatos de Taxistas en el Estado es  generalizada y es común.  En todos los casos, los líderes sindicales, Secretario General y principales allegados se han enriquecido en lo personal de manera ilícita a costas de los socios; han desviado recursos en su mayoría provenientes de las diversas cuotas que pagan los agremiados y se han beneficiado en lo personal sin transparentar las finanzas de las agrupaciones que representan, en la mayoría de los casos ante la pasividad y complicidad de las autoridades en turno.

Han servido los Sindicatos para financiar campañas políticas, para ofrecer dádivas a políticos y funcionarios en turno, han sido plataforma también de aspiraciones políticas y han servido también para, en contubernio con políticos en turno incrementar de manera desordenada y excesiva la oferta de taxis y otros tipos de transportes públicos en el Estado generando con ello desorden, caos vial, descontento de trabajadores del volante y conflictos serios con otros transportistas y actores del escenario turístico.

Lic. en Derecho José M Ramírez Hernández

@JRamirezCancun