El cáncer de la corrupción y la transa que invadió todas las áreas de la administración gubernamental alcanzó también al Seguro Popular, programa de Salud básico para la población más necesitada que fue sangrado por sus encargados en los últimos años, sacrificando a miles de pacientes que recibieron una pésima atención.

Porque el Seguro Popular en Quintana Roo manejaba una abultada cuenta de casi 400 millones de pesos al año, recursos destinados por la Federación para la compra de medicamentos, material médico y para el pago del personal del programa.

La administración de esta millonaria cantidad es responsabilidad directa de la Secretaría estatal de Salud, encargada de vigilar que el dinero se utilice exclusivamente para lo rigurosamente etiquetado. Sin embargo, en la entidad el programa empezó a naufragar en un mar de transas desde hace varios años.

Los años más críticos fueron 2015 y 2016, cuando las denuncias de derechohabientes por la falta de medicamentos fueron cosa cotidiana y los pacientes eran obligados a pagar con sus propios recursos las medicinas recetadas. Peor suerte corrían aquellos ciudadanos que requerían alguna operación, pues por la falta de insumos y materiales sus cirugías eran aplazadas por meses e incluso años.

Con tales antecedentes, no es de extrañar que la Auditoría Superior de la Federación haya encontrado un boquete de al menos 43 millones de pesos correspondientes a ese programa en el año 2015, más lo que se acumule en la revisión de cuentas de 2016.

De este desfalco infame que provocó daño en la salud de la población más necesitada debe rendir cuentas el ex titular de la SESA, Juan Lorenzo Ortegón Pacheco, quien fue cómplice por comisión u omisión del saqueo. Pero la red de complicidades es enorme, y no debe extrañarnos que de nuevo el nombre del ex gobernador Roberto Borge salga a relucir.

Los mandos clave deben ser investigados por las autoridades correspondientes para que expliquen ante la justicia los pormenores de esta infamia, un exceso en este mar de actos delictivos.

De no poder comprobar el buen uso de estos recursos públicos, los involucrados tienen que pagar las sanciones que establezca la ley para que este acto criminal no quede impune, sentando un precedente ejemplar para que los nuevos administradores del programa no sigan por el camino de la corrupción, exprimiendo el presupuesto del programa y dañando a la población más vulnerable donde más le duele.