De la controversia que presentó ante la Suprema Corte de Justicia contra los gobernadores y congresos de cuatro estados para obligarlos a que ajusten sus legislaciones a la reforma educativa federal, a la Consejería Jurídica de la Presidencia parece habérsele olvidado al menos un estado más.

Quienes quedaron bajo sospecha de hacerse patos con el pacto federal son: Gabino Cué (aliancista), Manuel Velasco (Verde-PRI), Fausto Vallejo (PRI) y Guillermo Padrés (PAN), de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Sonora, respectivamente, así como las legislaturas correspondientes.

En el mismo trance constitucional no figura el gobernador priista de Quintana Roo, Roberto Borge (y no, desde luego, el Congreso del estado porque resolvió a finales de febrero, ¡y por unanimidad!, adecuar sus normas a la Constitución de la República).

De las leyes se ocupan los legisladores, pero de su aplicación el Poder Ejecutivo y, en el caso de Borge, sus paisanos aprobaron lo que él se comprometió, con anterioridad, a no cumplir, ya que se prestó para, inclusive, publicar en el Periódico Oficial del 5 de noviembre cuanto quiso la predominante facción de la disidencia magisterial.

“Las leyes y demás disposiciones obligan por el solo hecho de publicarse en este periodo” (sic), reza el lema de la publicación en que el gobernador y su secretaria de Educación, Sara Latife Ruiz Chávez, asumen como propia toda la rollera, demagógica, retrógrada y convenenciera exigencia de la contrarreforma que promueve en distintas entidades la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

En la edición de esa fecha se publicó una cachetona “minuta de acuerdos” que obliga a todo a la administración estatal y libera de cualquier compromiso al magisterio quintanarroense.

Para el efecto, ambas partes (15 conformaron la representación “magisterial”) tomaron en cuenta consideraciones que parecen broma, como por ejemplo:

“Que la nación mexicana, en su evolución histórica, ha conquistado con la fuerza y el ímpetu de su genuina determinación una serie de garantías que, a pesar de la oposición de los sectores conservadores de cada momento, se han convertido en prerrogativas consagradas en diferentes marcos constitucionales, y que los grupos en el poder y los gobiernos se han visto obligados a reconocer. Lo logrado en ejercicio de nuestra soberanía no ha sido nunca producto de concesiones fortuitas, sino producto de la exigencia ética, popular y justa, que con la fuerza de la razón se han arrancado en beneficio del pueblo mexicano…”.

Lo acordado, pues, es un lugarcomunesco manifiesto en que no faltan un tardío llegue a Venustiano Carranza, “la inolvidable huelga de Cananea” ni todo lo que “… trabajadores de la educación y pueblo en general hemos tenido que actuar para preservar las garantías establecidas por las luchas y la sangre derramada por nuestros padres y abuelos”.

Sobre tales consideraciones, lo que Borge comprometió equivale a la cesión de territorios por López de Santa Anna…

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