17 de Octubre de 2018

Opinión

Oxígeno para la Procuraduría

La rápida acción de la Procuraduría de Justicia del Estado para capturar al asesino de la conocida abogada...

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La rápida acción de la Procuraduría de Justicia del Estado para capturar al asesino de la conocida abogada chetumaleña María Elena Pérez Huerta, fue una bocanada de oxígeno para su titular, Gaspar Armando García Torres, quien disminuyó un poco la presión sobre la dependencia por los crímenes de alto impacto que aún no han sido resueltos.

Y es que sin duda que la posición de procurador, aunque es codiciada por muchos, es una silla explosiva que dinamita la imagen de quien la ocupa. La lentitud en las investigaciones y la presión social, sobre todo de familiares y amigos de las víctimas, cuyos casos no son resueltos, se convierten en lastres que en muchos casos arrastran al abismo a quienes conducen la complicada dependencia.

Son esos casos que indignan y conmueven a toda la sociedad los que ponen mayor presión sobre los hombros del procurador, como lo fue el cruel asesinato de la abogada, activista ligada al priismo local, quien fue brutalmente golpeada en su domicilio quedando en estado agónico, agresión que la llevó a la muerte mientras se encontraba internada en la clínica del ISSSTE, en la ciudad de Mérida.

Dada las características del crimen, el procurador estaba consciente que la investigación tendría que ser rápida y efectiva, sin dejar lugar a dudas para resolver un homicidio imperdonable y que incluso movilizó a los chetumaleños para exigir justicia.

En tan sólo unos cuantos días las intensas pesquisas rindieron sus frutos y se logró identificar y capturar al asesino, un sujeto apodado “El Sandía”, cuyo nombre se protegió por la entrada en vigor de las nuevas leyes en materia de justicia penal.

Las evidencias en contra de “El Sandía” no dejan lugar a dudas de que fue el autor material del asesinato, por lo que Gaspar Armando García Torres se anotó un acierto al cumplir con su papel, llevándose el reconocimiento de la sociedad, y del gobernador Roberto Borge Angulo, quien a través de Twitter reconoció el buen trabajo de la Procuraduría por la resolución del caso.

Pero Gaspar Armando sabe que este éxito es efímero, y que sólo le compra algo de tiempo para atender otros casos que están archivados y pendientes de resolución, explosivos y con tantas aristas que hasta la fecha no han podido ser resueltos.

El primero es el asesinato de quien fuera regidor capitalino del PT, Marco Molina May, que parece haber quedado en el olvido luego de la captura de los presuntos asesinos, aunque fue el mismo procurador quien aseguró que la investigación seguía abierta hasta dar con los asesinos intelectuales, quienes serían el o los verdaderos culpables.

Y es que a pesar de que desde el mes de mayo están detenidos quienes cometieron el crimen, al parecer por encargo, no se ha avanzado ni un ápice para dar con el móvil del asesinato y con los que lo ordenaron.

La familia de Molina May sigue esperando, y sigue exigiendo justicia, y siente que ha tardado en llegar porque piensa que se protege a alguien.

Por otro lado, el intento de asesinato en contra del médico cirujano Francisco Javier Serrano Mazari, baleado en el estacionamiento del IMSS justo a unos pasos frente a las oficinas de la Procuraduría, permanece en penumbras y las investigaciones no han dado luz en el asunto.

Por la crudeza con que fue cometido, este atentado también acaparó la atención pública de la capital convirtiéndose en una bola de nieve para la Procuraduría, que hasta el momento no ha dicho ni pío, porque aunque hay importantes pistas, no se ha logrado ningún avance significativo para resolver el caso.

Y estos son tan sólo dos grandes pendientes de los muchos que se acumulan a diario en la dependencia que dirige García Torres, quien deberá apretar el paso para dar resultados porque, en su posición, los éxitos son efímeros mientras que los errores, se cargan de por vida. 

Finanzas en el hoyo

Las calificadoras financieras de prestigio internacional HR Ratings y Standard and Poor´s colocaron a los municipios de Othón P. Blanco (Chetumal) y Solidaridad (Playa del Carmen) dentro de los Ayuntamientos mexicanos en riesgo financiero, destacando la falta de planeación a mediano y largo plazo.

Por supuesto que no hay que ser especialistas en finanzas públicas para darse cuenta de la triste realidad económica que atraviesa el Ayuntamiento capitalino, sin embargo esta alerta emitida por las calificadoras puede tener serias repercusiones para el municipio que actualmente dirige Eduardo Espinosa Abuxapqui.

De hecho, el alcalde othonense ha dado a conocer que la situación financiera que atraviesa el Ayuntamiento no es la mejor y está consciente de que el problema no se resolverá en el corto plazo, sin importar cuantos ajustes se hagan para disminuir gastos y aumentar los ingresos.

Su administración se ha enfocado en eficientar, por un lado el gasto, tanto en salarios como en servicios, destinando mayores recursos a las áreas vitales para el funcionamiento del Ayuntamiento y por el otro, en mejorar la recaudación.

Pero al encontrarse en una situación vulnerable en términos financieros, al municipio se le cierran las puertas para encontrar créditos accesibles, sobre todo porque las calificadoras advierten que podría incurrir incluso en la falta de pagos, lo que a ningún banco conviene.

De intentar solicitar un préstamo, las condiciones serían contrarias a los intereses del municipio, ya que a mayor riesgo los banqueros y financieras manejan una mayor tasa de interés, como protección en caso de incumplimiento de pagos.

Con esto la cosa se pone color de hormiga para el alcalde capitalino que tendrá que nadar contra la corriente, con recursos muy limitados, durante el tiempo que le resta en las riendas del alicaído Ayuntamiento.

¿Y el transporte urbano?

A pesar de que desde el mes de enero se viene trabajando en el tema del transporte urbano para Chetumal y que ya se hizo la licitación con la empresa Caribe Turquesa, los capitalinos siguen esperando el momento en que los autobuses empiecen a prestar el servicio.

Como se recordará, la capital no cuenta con servicio de transporte urbano desde el trienio de Carlos Mario Villanueva, quien tumbó la concesión a la empresa Bahía cuando pidió la autorización para aumentar la tarifa del pasaje en dos pesos.

El problema es que tras la salida de la empresa Bahía, no hubo ningún interesado en ocupar su lugar y el municipio tampoco realizó esfuerzo alguno por dotar a la ciudadanía de este vital servicio, dejando a decenas de colonias sin una manera económica de transportarse.

El espinoso asunto quedó como herencia para la nueva administración municipal, que decidió tomar al toro por los cuernos y se logró licitar el servicio para 15 rutas en esta capital. Supuestamente desde junio empezaría a operar la nueva empresa, pero por diversas razones el arranque de operaciones de Caribe Turquesa ha sufrido varios atrasos.

Ahora, se estima que el 15 de agosto por fin empiecen a operar los minibuses de Caribe Turquesa, aunque sólo empezarán cubriendo 10 de las 15 rutas licitadas, abarcando las colonias populares donde más se requiere el servicio.

Por cierto, antes de esa fecha las autoridades municipales aún tienen que resolver el problema con el Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler (Suchaa), quienes han acaparado los espacios destinados como paraderos de transporte urbano y que ahora, difícilmente querrán dejar por las buenas.

Delincuencia también azota a Bacalar

El cáncer de la delincuencia que afecta a la capital al parecer se ha extendido hasta el vecino municipio de Bacalar, donde al igual que en Chetumal la incidencia de robos y delitos del fuero común se ha disparado por las nubes.

Al igual que en la capital, el robo a casa habitación es el delito más común y que no ha podido ser abatido debido a la escasa vigilancia, ya que el décimo municipio cuenta con una cuerpo de policía muy reducido, que se ve incapaz de cubrir toda la geografía de la demarcación.

El tema de la inseguridad ha sido recurrente en Bacalar, e incluso fue una de las banderas de la campaña del actual alcalde, José Alfredo “Chepe” Contreras Méndez, aunque hasta el momento no ha podido controlar la creciente ola de robos.

De acuerdo con la información dada por el regidor petista Rivelino Valdivia, dos de las once colonias de la cabecera municipal presentan serios problemas de delincuencias, mientras que 10 de las 57 comunidades rurales también sufren el embate de la delincuencia.

Sin embargo la Policía Municipal de Bacalar cuenta con recursos limitados y aunque se han realizado contrataciones de unos 25 policías, una fuente interna del Ayuntamiento señaló que la mayor parte no realiza su labor porque no cuentan con el equipo necesario.

Los nuevos policías no tienen uniformes, ni armas, ni equipo de protección, ni patrullas, por lo que permanecen sentados en la comandancia esperando que les doten del equipo para realizar sus tareas.

Por su parte la ciudadanía ya está cansada de ser víctimas de los ladrones, que por cierto están plenamente identificados.

De hecho un bacalarense de a pie narró que la semana pasada se realizó un operativo contra una familia conocida por sus actividades delictivas en Bacalar, pero que tras el enfrentamiento los policías se limitaron a platicar con ellos sin realizar una sola detención, ganándose las burlas de los pobladores que presenciaron el absurdo.

El alcalde “Chepe” debe tomar en serio su promesa y brindar la seguridad que merecen los bacalarenses.

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