Pacto nacional

Lo sorprendente no es que las lenguas indígenas sean minoritarias, sino que hayan logrado sobrevivir.

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El tratamiento que la sociedad mexicana da a las lenguas indígenas ha producido condiciones de convivencia humana anómalas. Los hablantes de las lenguas milenarias de nuestro territorio se ven obligados a utilizar una lengua extranjera en los asuntos públicos, mientras que los hablantes de ésta no tienen ni la más mínima necesidad de aprender ninguna lengua mexicana.

Esta condición absurda es defendida bajo distintos argumentos -sentido práctico, mayoría de hispanohablantes, unidad nacional, etc.- cuyo elemento común es ignorar el sentido profundo de derecho humano de utilizar la lengua propia en los distintos espacios de la vida social.
Rastrear las razones últimas por las que hoy el español es la lengua mayoritaria en México conduce directamente a las bases constitucionales del Estado Mexicano.

En la ficción jurídica, el Estado mexicano se constituye por un conjunto de Estados que deciden unirse en una federación. En este modelo, se supone que los Estados existen antes que la federación, a la que por voluntad propia dan vida. Este es el acuerdo que se conoce como Pacto Federal. El pacto de los Estados para crear la federación.

Esta concepción, que en el caso de los Estados Unidos permitió aglutinar a trece colonias que vivían de forma independiente entre sí, en el caso mexicano no sólo impuso construir entidades que antes no existían, sino que ignoró a las que sí existían: los pueblos indios.

En consecuencia, el orden constitucional no reconoce las necesidades, derechos e intereses de estos pueblos e inevitablemente sus instrumentos políticos son incapaces de integrarlos en un modelo nacional étnicamente plural. Tras dos siglos de desconocimiento de, entre otros, los derechos lingüísticos, lo sorprendente no es que las lenguas indígenas sean minoritarias, sino que hayan logrado sobrevivir.

Es pues, en la ficción del Pacto Federal, que los pueblos indios son despojados de su carácter de pactantes del nuevo Estado, y en consecuencia sus derechos estructuralmente suprimidos.

Sólo la revisión de la ficción jurídica constituyente puede corregir estas inequidades, reconociendo la existencia de un Pacto Nacional, jurídicamente previo al Pacto Federal, en el que una multitud de pueblos generan una nación dentro de la cual sus derechos gozan de pleno reconocimiento.

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