18 de Septiembre de 2018

Opinión

Pacto, rehenes y Congreso

Con el Pacto, el gobierno federal pretende obtener todos los beneficios de un gobierno de coalición.

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Hace algunos meses pronosticaba, veo que equivocadamente, la pronta muerte del Pacto por México. Sigo, sin embargo, convencido de que, aun siendo el resultado de reconocer la necesidad de acuerdos interpartidistas para gobernar, el Pacto es un espacio disfuncional, contrario a las soluciones políticas reales con que se pueden establecer gobiernos eficientes a partir de la pluralidad de la sociedad.

En los últimos dos días, las bancadas del PAN y del PRI en el Senado presentaron una iniciativa de reforma electoral sin esperar la que se ha anunciado generará el referido pacto; importantes corrientes dentro del PRD reclamaron a su dirección nacional retirarse del mismo; y como cereza del pastel, el presidente nacional del PRI reclamó que no sea utilizado cómo “rehén” de disputas electorales.

Estos eventos ilustran los problemas sin solución que el mecanismo de acuerdo enfrenta. El Pacto exige que los parlamentarios claudiquen de sus responsabilidades constitucionales, acatando acuerdos tomados fuera del Congreso por figuras políticas que no fueron electas para ello.

Paralelamente, reclama de los participantes acordar sobre temas de la agenda del Presidente sin que exista un pacto de gobierno, es decir, sin que los pactantes formen parte también de su ejecución, como ocurre en los países con gobiernos de coalición y, finalmente, pretende -en voz de César Camacho- que los aliados acepten las trapacerías electorales con la boca cerrada, sin suponer que porque se acuerda con ellos sobre temas de gobierno les sea legítimo demandar un trato legal y equitativo en las elecciones.

Con el Pacto, el gobierno federal pretende obtener todos los beneficios de un gobierno de coalición -colaboración de otros partidos, legitimación frente a sus seguidores y solución de conflictos antes de que evolucionen hacia la confrontación- sin asumir ninguno de sus costos -políticas de gobierno concertadas, inclusión de distintas fuerzas políticas en cargos de responsabilidad y renuncia absoluta a los abusos electorales.

Más allá de las ambiciones personales que a uno u otro dirigente opositor puedan alentar para mantenerse en el Pacto, lo cierto es que su existencia riñe no sólo con la democracia y la pluralidad sino, al relevar en sus funciones a las cámaras, con la constitucionalidad misma del Estado mexicano.

El único pacto por México legítimo se llama Congreso de la Unión.

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