Un riesgo mayor de Ayotzinapa es provocar una herida más en el cuerpo nacional por un sentimiento de culpa compartida y, también, maliciosa e interesadamente adjudicada. No diferenciar entre bienes y males haría de la trágica desaparición de 43 estudiantes un obstáculo más en el devenir del país. No hay lugar a la autoflagelación, tampoco los hechos dan espacio a abstracciones, tal como adjudicar culpa al Estado, aunque no faltan aquellos que asumen desde la soberbia la incapacidad del gobierno para entender lo que sucede.

Dos textos de ayer sábado de MILENIO de obligada lectura, los de Juan Gabriel Valencia y Liébano Sáenz, dan espacio a dos reflexiones necesarias: no hacer del tema abstracción, tal como señalar al Estado como criminal cuando hay responsabilidades concretas por sancionar y, por la otra, tener en claro que la causa originaria de lo que sucede es un régimen de justicia que por ineficaz propicia la impunidad. Hay que hacer la tarea en todos los frentes y con acciones específicas y claras para mejorar la eficacia de la justicia. En otras palabras, si se quiere actuar sobre las causas de la inseguridad existente, hay que mejorar sustancialmente el régimen de justicia.

Este explicable sentimiento de culpa propicia una guerra de lodo, que lo único que logra es la impresión de que todo está mal; AMLO fue atraído maniqueamente al tema; también le ha ocurrido al presidente Peña y a otros personajes de la vida pública. El ánimo de linchamiento se extiende y cada cual lo conduce hacia el terreno que le conviene. Como lo consigna Valencia, hasta los voceros del partido que postuló al coludido gobernador y al presunto autor intelectual lanza la piedra en un ánimo de ganar espacio ante una sociedad agraviada por la tragedia.

Liébano afirma que el tema es de justicia, esto es, de legalidad. Esto remite a quienes actuaron, quienes ordenaron y, también, a quienes omitieron actuar en consecuencia. La justicia no admite excepciones. A todos debe llegar. La licencia del gobernador o de cualquier funcionario no es sanción, sino el medio para realizar indagatorias que deslinden responsabilidades. Por ejemplo, de ser cierto el testimonio de Salvador Bravo, director de la Policía de Cocula, que en agosto de 2013 el mando militar de Iguala aprendió y luego inexplicablemente liberó a César Nava, uno de los responsables de entregar a los normalistas a Guerreros Unidos, a pesar de las evidencias de su actividad criminal, debe dar lugar a una investigación rigurosa.

Frente a la dificultad, inexplicable para muchos, de dar con los normalistas desaparecidos, la justicia legal es el único medio para avanzar y de allí aprender para que lo ocurrido no vuelva a repetirse en Guerrero o en cualquier parte del territorio nacional. La lección más severa, pero más relevante, es que la omisión, forma común de complacencia, puede dar lugar a responsabilidad legal, administrativa y penal, no solo política.

La reflexión de fondo no se reduce a cómo mejorar la calidad de los policías, sino a cómo contar con una política pública de justicia, esto es, darle eficacia, aquí sí, al Estado para que las leyes se cumplan y que su inobservancia lleve a la sanción que las leyes definen y los tribunales aplican.

Hay que aprender de los errores del pasado. Por ejemplo, el ex presidente Calderón se exasperó con el Poder Judicial por una percepción de falta de colaboración, lo hizo público y con enfado, lo que llevó al gobierno al enfrentamiento con la Suprema Corte de Justicia. Los hechos ahora acreditan la falta de ambos: una PGR irresponsablemente incapaz y jueces y magistrados corrompidos por el crimen organizado. También el ex presidente inició acción legal en Michoacán contra decenas de funcionarios locales presumiblemente coludidos con el crimen organizado, quienes, uno a uno, obtuvieron libertad, no se sabe si por deficiencia del fiscal o por inocencia, en fin, todo un desastre.

Lograr la justicia legal no es camino fácil, pero es obligado para lograr el objetivo de seguridad pública. Lo deseable es la policía preventiva, la vigilancia y la actuación de los gobiernos frente a las causas estructurales que propician el crimen; sin embargo, en la medida de que no haya un sistema de justicia eficaz, el delincuente no encara las consecuencias de su conducta y se deja a la sociedad expuesta a una reincidencia casi siempre más perniciosa y violenta, además de que gradualmente va penetrando a los gobiernos, como revelan los hechos de Cocula e Iguala.

El país de culposo debe abrir espacio al de las respuestas y soluciones. Llega la hora de una propuesta para encarar el fondo del problema y que tiene que ver con la inaceptable estadística que revela la deficiencia elemental del sistema nacional de justicia. Responsabilidad urgente a resolver por el Presidente, la Corte y la representación nacional.