El joven presidente de la Cámara de Diputados y, por lo mismo, del Congreso, Ricardo Anaya, ha dado en el blanco cuando señala que las minorías no definirán la agenda. Las palabras vienen bien para dejar en su lugar a las expresiones violentas de inconformidad.

Palabras sensatas que se agradecen, porque el país, desde hace tiempo, es rehén de las minorías vociferantes. Solo para recordar, el mayor descalabro de Vicente Fox ocurrió cuando no pudo con los opositores al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, lo demás fue consecuencia.

El problema no solo se da entre la mayoría políticamente institucionalizada y la minoría apoderada de las calles y espacios públicos de la Ciudad de México. Las dificultades de fondo están, precisamente, en el Congreso; por los votos anulados, la elección no generó una mayoría y las necesidades de la gobernabilidad se asocian a un equilibrio de locura: una izquierda populista, una derecha dividida por la derrota y un centro que rinde homenaje al pragmatismo y que lo mismo presenta una reforma energética a la satisfacción de la derecha que una fiscal de compromiso con la izquierda.

El Pacto empieza a mostrar sus límites y éstos no tienen que ver con el diseño ni la voluntad gubernamental, sino con la actitud de las oposiciones. El PAN resuelve sus divisiones no en el debate interno o con una decisión democrática para determinar quién debe conducir a la organización, sino con la imposición al país de una propuesta de reforma electoral y política a la medida de su perspectiva y fantasías. 

¿Ya ponderó el PAN lo que significa la reelección de alcaldes y legisladores frente a la peor amenaza a la democracia, que es el dinero ilegal en campañas? ¿Ya midió bien lo que representará depositar en el IFE la organización de todas las elecciones, cuando la institución no es la de Woldenberg o la Ugalde, sino la de Valdés Zurita, en la que el desprestigio y la venalidad se han vuelto nota regular? ¿Ya apreciaron los riesgos de la segunda vuelta en la gobernabilidad de un régimen presidencial plural?

Debilitar al sistema de partidos es el propósito del consenso en materia electoral. También acabar con lo poco que queda del federalismo. ¿Lo avala la mayoría política institucional? ¿Están de acuerdo los legisladores de la fracción minoritaria mayor, que la del PRI? ¿Cómo ha de ser el caso de una reforma constitucional? ¿Coinciden con lo propuesto la mayoría de las legislaturas de los estados?

Efectivamente, el Pacto como mecanismo de acuerdo quedó comprometido por la izquierda cuando demandó que se retirara de la votación del periodo extraordinario uno de los proyectos de la reforma educativa para complacer a la minoría violenta asociada a la CNTE. También quedó en entredicho el Pacto cuando también la izquierda volvió materia de vida o muerte la ampliación de la base gravable en la reforma hacendaria, concesión ociosa, ya que el PRD, como sucedió con la educativa, no votará a favor.

Las palabras sensatas del presidente del Congreso deben llevar a la reflexión de lo que realmente se requiere y el carácter que las minorías deben asumir en la agenda de las grandes transformaciones del país. No hay mucho tiempo, pero es posible enmendar el camino. Las reformas deben concretarse. Es inevitable que se lastimen intereses y que haya reclamos, gritos y sombrerazos. La energética debe privilegiar la inversión y la modernización de la empresa, no el dogma; la fiscal, la justicia y equidad, como se dijo desde el principio, que paguen los que más tienen, pero que todos contribuyan, aspecto fundamental de la ciudadanía en la democracia liberal.

La reforma electoral debe enfocarse en el beneficio de los ciudadanos, no en el de los partidos. Se requiere abrirlos a la democracia interna; no es un asunto del partido, como lo consignó la reforma de 2007, sino de interés público. Asimismo, en la rendición de cuentas sobre origen y destino del gasto hay que apuntar más a la transparencia que a irrisorios topes de campaña y esto debe darse en tiempo real, no un año después de los comicios. 

El IFE no puede ser organizador de la elección y a la vez juez y verdugo, se deben separar las dos tareas. Los medios deben contar con libertad y obligarlos a la difusión del debate, dejando atrás el ofensivo espotismo. 

La simulación o el abuso deben ser severa y ejemplarmente sancionadas; responsabilidad y libertad es un difícil equilibrio, en los medios concesionados del Estado sí se puede si hay voluntad de quien tiene la sartén por el mango.

Tiempos de locura llaman por minorías que se vuelvan mayoría en la identificación de un terreno común, de un proyecto compartido, como lo pretendió en sus orígenes el Pacto por México. Última llamada.