La noticia de que las escasas Normales Rurales del país recibirán unos 400 millones de pesos adicionales el próximo año, de las cuales a la de  Ayotzinapa le tocarán unos 50 millones del pastel, no es más que un paliativo para ocultar las carencias de estas escuelas y la extrema pobreza de sus estudiantes. De no ser por la reciente tragedia, la indiferencia oficial no volvería los ojos a estos centros de educación socialista.

Originalmente, las Normales Rurales Regionales o Centrales Agrícolas formaron parte del proyecto de reforma educativa de los gobiernos posrevolucionarios, teniendo como principio la defensa de la educación pública como un derecho de los más pobres. Su fin fue cubrir la necesidad educativa priorizando la formación de maestros campesinos que a su vez pudieran educar a los hijos de los campesinos. 

Desde su creación en 1922, sus planes y programas de estudio fueron adecuados a las necesidades del ámbito rural, asumiendo un compromiso con los más necesitados. El principal requisito para ingresar a una normal rural es “ser pobre”.

Con el sello de una ideología socialista, no es de extrañar, entonces, su férrea protesta por las desigualdades sociales y su organización estudiantil campesina para resistir a los abusos y arrebatos de las autoridades.

En este contexto también están las escuelas Artículo 123, obligatorias para los hijos de trabajadores de empresas agrícolas e industriales.

En los hechos estas escuelas son centros formadores de conciencias revolucionarias así como un aglutinador del descontento y la injusticia social. La lucha de guerrilla de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez es claro ejemplo de su visión de sociedad.

Tras la derogación de la educación socialista en 1944 con el gobierno de Ávila Camacho y el recorte a su  presupuesto, de los 46 planteles que se instalaron por todo el país hoy apenas quedan unos 16.

Podríamos decir que la ineficacia del sistema educativo y el desinterés de los gobiernos estatales para integrar a las comunidades marginadas han mantenido vivos estos centros cuyos perfiles escapan al desarrollo integral de sus alumnos. 

Urge atender estas escuelas normales, pues deben integrase al desarrollo nacional y dejar de ser escuelas para pobres. El servicio profesional docente requiere también de la atención oportuna de los gobiernos para servir a las comunidades marginadas.