Con la federalización de la nómina de los maestros transferidos en los estados, también surgieron las primeras inconformidades y conflictos violentos entre el magisterio que reclama fuertemente a sus autoridades educativas el pago de sus cheques que fueron suspendidos desde la sede de la Secretaría de Educación con el supuesto de no estar acordes con los lineamientos de la actual reforma educativa. 

Tal como se había previsto, la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la Oficialía Mayor de la SEP, a través del Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), y el Sistema de Administración de la Nómina Educativa (SANE), emitió únicamente los pagos de salarios y prestaciones de los trabajadores transferidos encuestados y registrados en el Sistema de Información y Gestión Educativa. El secretario de Educación, Emilio Chuayffet, fue tajante cuando declaró que la autoridad estatal sería el único vínculo válido para realizar las gestiones de pago de aquellos casos faltantes que, hasta la primera quincena de enero, sumaban 48 mil 442 plazas que carecen de constancias de nombramiento pendientes de informar por parte de los estados, y que las autoridades educativas locales deberán entregar la información faltante para proceder con el pago.

Hoy, cuando han transcurrido las dos quincenas de enero, el número de maestros sin pago se disparó alarmantemente y la SEP le tira la “papa caliente” a los gobernadores: simplemente no se dará un solo peso más a los estados afectados por el conflicto magisterial. Si bien Oaxaca es un polvorín en llamas, Guerrero se suma a las airadas protestas encabezadas por su gobernador Rogelio Ortega Martínez, que busca convencer a funcionarios de la Secretaría de Educación y Gobernación para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pueda asignar, en partida extraordinaria, los recursos que Guerrero necesita para el pago de las quincenas faltantes y la segunda parte del aguinaldo.

La suspensión de pagos afecta no sólo a los disidentes agrupados en el Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (Suspeg), ya que la sección XIV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) también se sumó a este reclamo general por los más de 12 mil 300 trabajadores afectados por la centralización de sus pagos a manos del Gobierno Federal.

La cifra simplemente se quedó corta ante la realidad.Con la federalización de la nómina de los maestros transferidos en los estados, también surgieron las primeras inconformidades y conflictos violentos entre el magisterio que reclama fuertemente a sus autoridades educativas el pago de sus cheques que fueron suspendidos desde la sede de la Secretaría de Educación con el supuesto de no estar acordes con los lineamientos de la actual reforma educativa. 

Tal como se había previsto, la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la Oficialía Mayor de la SEP, a través del Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), y el Sistema de Administración de la Nómina Educativa (SANE), emitió únicamente los pagos de salarios y prestaciones de los trabajadores transferidos encuestados y registrados en el Sistema de Información y Gestión Educativa.

El secretario de Educación, Emilio Chuayffet, fue tajante cuando declaró que la autoridad estatal sería el único vínculo válido para realizar las gestiones de pago de aquellos casos faltantes que, hasta la primera quincena de enero, sumaban 48 mil 442 plazas que carecen de constancias de nombramiento pendientes de informar por parte de los estados, y que las autoridades educativas locales deberán entregar la información faltante para proceder con el pago.

Hoy, cuando han transcurrido las dos quincenas de enero, el número de maestros sin pago se disparó alarmantemente y la SEP le tira la “papa caliente” a los gobernadores: simplemente no se dará un solo peso más a los estados afectados por el conflicto magisterial. Si bien Oaxaca es un polvorín en llamas, Guerrero se suma a las airadas protestas encabezadas por su gobernador Rogelio Ortega Martínez, que busca convencer a funcionarios de la Secretaría de Educación y Gobernación para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pueda asignar, en partida extraordinaria, los recursos que Guerrero necesita para el pago de las quincenas faltantes y la segunda parte del aguinaldo.

La suspensión de pagos afecta no sólo a los disidentes agrupados en el Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (Suspeg), ya que la sección XIV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) también se sumó a este reclamo general por los más de 12 mil 300 trabajadores afectados por la centralización de sus pagos a manos del Gobierno Federal. La cifra simplemente se quedó corta ante la realidad.