El relato del procurador Jesús Murillo Karam disipa dudas y sofoca especulaciones.

Las diligencias ministeriales que encabeza sobre los asesinatos y desapariciones en Iguala conducen a una sola dirección: la del ex alcalde José Luis Abarca, su esposa María de los Ángeles Pineda Villa y el grupo criminal del que son, o eran, testaferros.

El matrimonio, molesto porque los normalistas rurales pudieran irrumpir (algo así sucedió el año pasado, recordó Juan Pablo Becerra-Acosta este lunes en MILENIO) en el destape virtual de la señora para el ayuntamiento, ordenó a sus policías y compinches de Cocula reprimir y entregar a los jóvenes a la banda Guerreros Unidos.

La PGR capturó el fin de semana al capo Sidronio Casarrubias, a quien uno de sus principales achichincles (El Gil), le “reporta vía mensaje celular los conflictos que se estaban suscitando” (la noche del ataque a los estudiantes), dijo el procurador, “atribuyéndolos al grupo delictivo contrario…”, o sea: Los Rojos.

De lo sucedido se sabe ya qué, quiénes, dónde, cuándo, cómo y el por qué.

Falta… dar con los desaparecidos.