Para las leyes secundarias Telecom

Los desarrolladores de vivienda aclaran que la ley sólo los obliga a edificar vías, alumbrado público y agua potable y son solamente algunos asentamientos de lujo los que ofrecen como un “plus” la infraestructura de conexión.

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Esta semana será presentada por el presidente de la República la propuesta de reglamentación secundaria para la Reforma en Telecomunicaciones (Telecom), respecto de la cual Milenio Novedades reveló en un reportaje publicado el martes 4 de febrero pasado que no existe en México una ley que obligue a constructoras y desarrolladoras de vivienda a instalar infraestructura para la telefonía o dotar a  nuevos fraccionamientos de redes de fibra óptica que permitan y faciliten la conexión de los habitantes.

El asesor jurídico del Colegio Yucateco de Arquitectos, José Miranda Velasco, y el presidente local de la Cámara Nacional de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), Carlos Viñas Heredia, coincidieron en que hay un rezago en las diversas disposiciones legales en la materia, recordando que las leyes federales, estatales y municipales requieren ser actualizadas para dotar de las condiciones físicas necesarias que permitan la conectividad digital en futuros desarrollos habitacionales.

Sólo en el Estado, donde se ha mantenido un fuerte impulso a la construcción de viviendas en los últimos años, se puede notar este problema en fraccionamientos de las zonas poniente y oriente, sobre todo los ubicados detrás del Periférico.  Los desarrolladores de vivienda aclaran que la ley sólo los obliga a edificar vías, alumbrado público y agua potable y son solamente algunos asentamientos de lujo los que ofrecen como un “plus” ese tipo de infraestructura de conexión.

Este desfasamiento retrasa el acceso de los ciudadanos a internet y telefonía fija y eleva el costo de la contratación de los servicios en perjuicio de los propietarios de casas, quienes tienen que solventar los gastos de dichas instalaciones. Al caso de Yucatán hay que sumarle que siete de cada 10 habitantes perciben ingresos menores de dos salarios mínimos (3 mil 826 pesos) al mes, lo cual es una de las causas de que sólo un 26% de las viviendas   en el Estado tengan acceso a la red.

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