Para que Castillo no sea un bombero

Alberto Reyes Vaca y José Martín Godoy son compañeros de trabajo de Castillo desde tiempos de la procuraduría del Estado de México, la PGR y la Profeco

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Las dos primeras acciones del comisionado federal para Michoacán, Alfredo Castillo, un nuevo procurador y un nuevo secretario de Seguridad Pública, señalan con claridad la intención del gobierno federal de “encargarse” del estado por un rato. Apagar el fuego.  

Alberto Reyes Vaca y José Martín Godoy son compañeros de trabajo de Castillo desde tiempos de la procuraduría del Estado de México, la PGR y la Profeco. No nos extrañemos si a las áreas económicas del estado pronto llegan otros enviados federales. 

Ahora. 

Un día Alfredo Castillo y Godoy y Reyes y los que lleguen abandonarán Michoacán.

Y si no queremos estar en las mismas en cinco o diez o quince años, la Federación debería de hacer cambios estructurales más allá de la urgente contención de la emergencia que parece ir por buen camino.

Y el fundamental es el policiaco.
Intentar capacitar y controlar a policías municipales en ayuntamientos pequeños y vulnerables a las actividades del crimen organizado parece a estas alturas un despropósito. Además, el calendario no colabora. No falta mucho para que el estado vuelva a entrar en la dinámica de las elecciones, en las que todo se complica. 

La mejor ayuda que Castillo y Michoacán podrían recibir del centro es, por fin, desatorar el enredo constitucional por el que el esquema de policía única estatal resulta frágil, y por lo tano ineficiente. 

El artículo 115 señala que los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
“H) seguridad pública, en los términos del articulo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y transito”. 

Y el 21 dice que “la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala”. 

El Legislativo podría enmendar el galimatías que complica, en los hechos, los cuerpos policiacos efectivos. 
Dar marco jurídico a policías estatales fuertes es el primer paso en la construcción institucional de un nuevo orden de seguridad.

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