Me van a perdonar mis amigos ciclistas –que son muy maduros y conscientes de sus derechos-, a quienes admiro y con quienes me identifico como amoroso aficionado a  la bicicleta, pero hay cosas que no se pueden admitir. Entiendo que se trata de una minoría en desventaja y que tienen derecho al pataleo para hacerse oír, como los niños pequeños a quienes a veces no les queda otro camino que el berrinche.

Sin embargo, como entes sociales más o menos racionales que somos, creo que ciclistas, automovilistas y peatones podemos entender que, así como hay derechos, también hay obligaciones, y que hay normas que regulan la convivencia social, como la que consagra el libre tránsito de los ciudadanos por todos los espacios públicos –las calles, por ejemplo-, donde sólo la autoridad puede establecer restricciones por causa de utilidad social o motivos de emergencia: una inundación o un accidente, por ejemplo, que hagan peligroso el paso por determinado sitio o donde, si entra uno, puede entorpecer el trabajo de la propia autoridad.

Esto que parece fácil de entender no lo es tanto para un grupo de aficionados al pedaleo que una noche a la semana se apoderan de calles de Mérida y, sin importarles si los demás, sean automovilistas o peatones, tienen prisa, llevan a un enfermo o se están zurrando y les urge alcanzar un baño, bloquean las esquinas por donde van a pasar –y como son muchos a veces se tardan hasta 10 minutos en hacerlo-. Yo entiendo que les divierte y es muy sano que hagan ejercicio, pero no creo que deba ser a costa del derecho de otros a usar la calle. Y mejor no hablamos de los ciclistas “libres” que andan tentanto a la muerte violando cuanta norma de seguridad y tránsito hay.

Cuando se lo hice ver a uno de sus guías su respuesta fue: “Es que somos muchos” y “la policía está detrás de nosotros”. Yo digo que, sean un millón o sólo uno, están obligados, como cualquier hijo de vecino, a respetar las normas de tránsito. Si exigen, deben dar ejemplo. Nomás digo.