Ernesto Cordero y su grupo han sido feroces críticos de Gustavo Madero y los suyos en la renovación de dirigencia. Para ello han referido la práctica corrupta de diputados panistas de utilizar la negociación del presupuesto federal para beneficiarse política o económicamente.

Ahora, la nota reciente es que Francisco Javier Rodríguez Borgio, investigado por la PGR por lavado de dinero y venta de gasolinas robadas, financió la campaña del senador Francisco Domínguez, uno de los más destacados corderistas y, hasta antes del escándalo, posible candidato del PAN a la gubernatura de Querétaro. Por elemental congruencia queda por ver si Cordero exige una investigación a su partido sobre el asunto.

No está por demás preguntar si el senador Domínguez, vicecoordinador de los diputados del PAN hace seis años, expresidente municipal de Querétaro y ahora un activo legislador, reportó al PAN y éste al IFE los donativos que se hicieron a la campaña, asunto complicado porque el financiamiento privado está muy restringido.

En realidad lo que sucede en Querétaro con Rodríguez Borgio es lo mismo que acontece con El Señor de los Casinos, José Rojas, en Nuevo León, muy vinculado a la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, empresarios que buscan y obtienen la protección oficial mediante el financiamiento ilegal de campañas. Candidatos que piden, delincuentes que dan.

Las normas en materia de financiamiento electoral cada vez son más estrictas y rigurosas, pero cada día son más evidentes los vínculos indebidos entre política y dinero. No es un asunto que afecte a un partido en particular, nadie puede lanzar la primera piedra, pero sí es un hecho que el dinero se traslada a quien más poder detenta.

El diario Reforma señaló que la indagatoria por robo de gasolina contra el Grupo Gasolinero Mexicano, propiedad de Rodríguez Borgio, fue congelada en la administración federal pasada en el momento en el que iniciaban las campañas federales. Las autoridades de ahora tienen la obligación de informar, si las hubo, las razones que motivaron tal suspensión, en especial, frente al dicho del Senador de que los ahora señalados contribuyeron financieramente a su campaña.

La dependencia de las campañas electorales sobre el dinero puede llevar a extremos de riesgo y criminalidad más allá de la falta electoral que pudiera representar el financiamiento indebido. Lo que puede ocurrir es que la impunidad se origine en el momento de financiar candidatos.

En Michoacán corre la versión del pago y cobro de favores a cargo de La Tuta, el capo mayor del crimen organizado en el estado. También es el caso de un candidato a senador de Durango del PRD, quien terminó sus días de la forma más dramática por el adeudo no saldado a criminales. Uno de los actos más concurridos de la campaña de López Obrador en 2006 en el lecho del río Nazas fue financiado por el candidato asesinado.

El PAN ha hecho de su prioridad centralizar las elecciones a través del Instituto Nacional Electoral. El problema más grave de ahora no es la supuesta parcialidad de los órganos electorales locales, la compra subrepticia de publicidad, la entrega de despensas a cambio de votos o el clientelismo; el asunto más delicado y creciente es el financiamiento de candidatos por criminales en una pretensión de impunidad, tema sumamente delicado porque no existen instrumentos para prevenirlo. Solo la acción legal puede evitarlo y los partidos no tienen entusiasmo para llevar a la justicia a los suyos, a pesar de la retórica contra el crimen.

El IFE no puede, la PGR no quiere y los partidos ni lo uno ni lo otro. Además, sin acusación de por medio es prácticamente imposible evitar que un candidato deje de serlo por tomar dinero indebido. Otro asunto a prever es el de los candidatos independientes, personajes sin partido y quizás con mucho dinero.

En los próximos meses, el Congreso habrá de modificar exhaustivamente la legislación electoral para reglamentar una muy discutible reforma electoral ya aprobada en el nivel constitucional. Es ocasión para cuestionarse sobre los peligros más serios sobre la política y las campañas. No es fácil, pero mecanismos de colaboración de partidos, órganos electorales y autoridades federales podrían al menos inhibir un problema que crece y que no se atiende.

Michoacán fue laboratorio del crimen de lo que sí puede hacerse en elecciones. La frustrada acción legal contra autoridades electas durante el gobierno anterior se explica por la deficiencia de la actuación de la PGR.

Las pruebas contundentes no tuvieron soporte legal y esto hizo que el caso se viniera abajo, como sucede con muchos de los asuntos penales importantes. Averiguaciones mal integradas, evidencias sin formalidades, declaraciones irregulares, testigos comprados, etcétera, llevan a la liberación de criminales o funcionarios coludidos.

En 2015 habrá comicios en 16 entidades, 9 con elección de gobernador. Es tiempo para contener un problema que crece y que deliberadamente se minimiza.