El vino mexicano está en peligro de extinguirse. Como en la Colonia, las vides que producen caldos de calidad podrían ser historia, alerta Hugo D’Acosta, uno de los autores del florecimiento vinícola del Valle de Guadalupe, en Ensenada.

Esa zona produce 1.2 millones de cajas anuales, 9 de cada 10 botellas que México elabora. A diferencia de los vinateros de California, Argentina o Chile, a los ensenadenses no les preocupa la próxima cosecha, sino un probable cambio de uso de suelo.

Según D’Acosta —padre de Casa de Piedra, Paralelo y Aborigen—, el ordenamiento del uso de suelo empezó en 1995, pero hasta 2010 se logró un documento completo que define a la zona como primariamente agrícola. 
El Programa Sectorial de Desarrollo Urbano-Turístico de los Valles Vitivinícolas de la Zona Norte del Municipio de Ensenada está a punto de ser modificado por el cabildo, que propone que al menos 48% de las áreas agrícolas se conviertan en habitacionales.

Las autoridades creen que al Valle se le puede sacar más jugo por el potencial turístico en la Ruta del Vino, pero los productores no. 

El presidente municipal de Ensenada, Enrique Pelayo, dice que no tiene interés en cambiar el uso de suelo, pero uno de los principales interesados es Ricardo Zazueta, subsecretario general de Gobierno del ayuntamiento, socio y cuñado del empresario inmobiliario en Baja California Carlos Lagos, de Grupo Lagza.

Antes de que los vitivinicultores expliquen al cabildo el daño que sufriría la región, la empresa promociona el proyecto Rancho Olivares: un terreno de mil hectáreas en el que se proyecta la construcción de 4 mil 500 viviendas, un hotel de lujo, centro comercial y Club de Golf.

Lo que tampoco gusta a los productores es que el cambio se planee hacer en fast-track y a pocos días de que se realice el cambio de gobierno en la región, el 30 de noviembre.

La conclusión que saca D’Acosta —que preside la Asociación de Vitivinicultores de Baja California— es que no hay un “interés genuino” por tener un buen programa sectorial que ni siquiera se ha reglamentado, sino solo abrir las puertas a negocios inmobiliarios antes de que concluya el actual gobierno. Esto implica cortar el riego y matar los viñedos.