19 de Septiembre de 2018

Opinión

Peña Nieto contra los poderes fácticos

Vivimos sometidos a la permanente extorsión de grupos que imponen, con total impunidad, sus provechos particulares a los intereses generales de la nación.

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El sistema político mexicano ha creado un auténtico monstruo: ese entramado de intereses clientelares y corporativos que, hoy mismo, se interponen en el camino hacia la modernidad y que representan el más formidable obstáculo a las posibles reformas que pueda intentar llevar a cabo el actual Presidente de la República.

Imaginen ustedes que alguien pretenda resolver, por ejemplo, un asunto tan elemental como el de esos trabajadores que no recogen la basura en la delegación Miguel Hidalgo del Distrito Federal si los vecinos no sueltan una cuota extra siendo que éstos ya han solventado el servicio al pagar los impuestos que cobra el gobierno de la capital; o que quiera acabar con la práctica de transportar los combustibles de Pemex en camiones cisterna a un precio que resulta tremendamente oneroso para la “empresa de todos los mexicanos”.

O que se proponga sanear las finanzas de un ISSSTE que gasta la mitad de sus presupuestos en jubilaciones y otra cuarta parte en la nómina de sus empleados (si restamos los suministros y los adeudos, queda una cantidad ridícula para brindar servicios médicos a los derechohabientes a pesar de que esa atención es una de las razones de ser del instituto).

O que pretenda que los maestros se sometan de verdad a pruebas determinantes para ver si pueden seguir ocupando una plaza en el sector público; o, para no seguir con una lista tan interminable como desalentadora, que decida enfrentar a los monopolios que se reparten alegremente sectores enteros de la economía nacional como los de las telecomunicaciones, la venta de pan en caja, la televisión abierta o la cerveza.

Ese personaje ficticio necesitaría de poderes absolutos para desmontar, paso a paso, una inextricable maraña de canonjías y beneficios que cada uno de los cuerpos defendería con la mayor saña: ya puestos a imaginar escenarios imposibles, fantaseen, amables lectores, con las visiones de una Ciudad de México sin recolección de basura, de regiones enteras estranguladas por la falta de combustible y de enfermos sin atención médica…

No es muy difícil, a decir verdad: ya tenemos a miles de niños que se quedan sin ir a la escuela cada vez que los maestros morelenses, oaxaqueños o michoacanos deciden negociar sus condiciones laborales. Vivimos sometidos a la permanente extorsión de grupos que imponen, con total impunidad, sus provechos particulares a los intereses generales de la nación.

Dicho en otras palabras: en México cuentan más los beneficios de los maestros que los derechos de los niños. No creo que se puedan alcanzar mayores niveles de vileza en un país pero, curiosamente, nuestras conciencias ciudadanas no parecen muy sacudidas y nos acomodamos con asombrosa facilidad a este estado de cosas.

Viene a cuento esta compilación de anomalías sociales porque estamos al comienzo de un nuevo sexenio y en un proceso de transición en sentido inverso al que ocurrió en el año 2000. Y lo que pudiera ser un momento esperanzador para algunos de nosotros —la llegada al Gobierno de un hombre que ha mostrado un talante negociador, que ha logrado concitar adhesiones en el espacio político y que parece tener indudables propósitos de modernización— (más allá de las posibles virtudes del nuevo Presidente, para mucha gente la circunstancia significa, por el contrario, un retorno a las peores prácticas del pasado) no nos permite soslayar la colosal complejidad que entrañaría un proceso de verdaderas reformas en este país.

Carlos Salinas de Gortari, al poco tiempo de asumir la Presidencia de la República, encarceló a un líder sindical que parecía tan poderoso como intocable. Pero en ningún momento intentó siquiera terminar con los usos y costumbres de unas agrupaciones que siguen siendo, hasta hoy, profundamente antidemocráticas y de una escandalosa opacidad en lo que se refiere al manejo de las cuotas de los trabajadores. Tampoco implementó exigencias para un mejor desempeño de la burocracia del Estado ni modificó la estructura clientelar del antiguo régimen.

Y estamos hablando, aquí, del último de los presidentes todopoderosos que hubo en México y de un hombre que tenía, de cualquier manera, claros designios de cambio. Pues bien, Peña Nieto se encuentra en una posición bien diferente: carece de los antiguos poderes y no cuenta con una mayoría parlamentaria para llevar a cabo transformaciones de fondo pero, sobre todo, tendría que chocar frontalmente con unos intereses corporativos tan profundamente arraigados que es muy difícil imaginarlo solo en la tarea.

Es decir, necesitaría de unos compañeros de ruta bien decididos y dispuestos a afrontar, desde espacios políticos diferentes al suyo, los costos de tomar las decisiones. Solamente así, como parte de un gran esfuerzo común, podemos pensar en que se llevarán a cabo las grandes reformas. De otra manera, seguiremos como hemos estado estos últimos años: postrados y sin crecer, mientras otros países nos van dejando atrás.  

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