Peña Nieto, violencia y los límites del voluntarismo
Los funcionarios gubernamentales afirman que la nueva estrategia contra la violencia, es: coordinación.
La semana pasada, durante la inauguración de un Congreso sobre asuntos internos en la policía, el Comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón, dijo ante representantes de 40 países: “Al polígrafo lo engañamos, pero a nosotros mismos no, no existe la posibilidad al autoengaño…. Si asuntos internos no tiene la capacidad de enojarse cuando las cosas no están bien, están haciendo un papel fuera de lugar e innecesario”.
Más allá de que debe haber resultado un tanto curioso para profesionales del control de confianza policiaco la descalificación que el jefe de los policías federales mexicanos hizo del instrumento que se usa diario en muchas partes del mundo, creo que lo dicho por el comisionado revela en parte el problema de la estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto en relación a la seguridad: descansa en la voluntad.
En estos primeros 11 meses la más repetida de las respuestas de parte de los funcionarios gubernamentales frente a la pregunta: en qué consiste la nueva estrategia contra la violencia, es: coordinación.
Y nadie duda que la coordinación importa y mucho, pero no alcanza, como lo demuestran Michoacán o La Laguna o Guerrero. Porque la coordinación depende de la buena voluntad de los gobernadores y los alcaldes y los jefes de otras dependencias que se reúnen con el secretario de Gobernación en juntas regionales; y la voluntad como llega se va. Si no cumplen no hay sanción, si acaso un regaño. Y como es ley, se siguen repartiendo millones y millones en FASP y Subsemun que se gastan en quién sabe en qué y cómo. Desperdicios para los que tampoco hay sanción.
Yo también quisiera que el policía cómplice del narco tuviera la conciencia para no serlo. Para no “engañarse a sí mismo”. Y yo también quisiera pensar que cuando un gobernador, o un alcalde, se compromete a algo frente al secretario de Gobernación, pues le va a echar todas las ganas y va a cumplir.
Pero la verdad es otra.
Un gobierno que no ha dudado, en su empeño reformista, en cambiar la Constitución y apostar su capital político en materias energética, educativa, fiscal y de telecomunicaciones, ha atacado la mayor emergencia del país pidiéndole a los actores que se coordinen, que cambien su narrativa y le echen ganas.
Eso tiene sus límites.