El despido de Carmen Aristegui es un asunto que lleva a reflexiones de fondo por lo que nos dice del estado actual de la pluralidad y del debate público en México. A partir de 1988, la crítica y hasta la burla de la figura presidencial dejaron de ser tabú en los medios de comunicación. La diversidad electoral comenzaba a tener efectos directos en las libertades públicas. El proceso de apertura, sin embargo, exhibió pronto retrocesos y una gran vulnerabilidad hacia diversos poderes. En este contexto, la tarea social de lograr los más amplios y plurales espacios de información, comunicación y de debate democrático se ha realizado con grandes dificultades y logrado avances limitados.

La salida del aire de Aristegui, independientemente de la opinión personal, política y hasta periodística que se pueda tener sobre ella, significa el silencio de una voz particular y relevante. 

Esto es por sí mismo una pérdida de la pluralidad. Pero se pierde más. El trabajo de información crítica, incluyendo el cuestionamiento de los actos de interés público de los gobernantes es, en democracia, la función social principal del periodismo. Esa es la importancia de las durísimas denuncias que en distintos temas hizo Aristegui. La vigilancia implacable del gobierno desde la sociedad es un instrumento insustituible en la lucha contra la corrupción y el autoritarismo. Hoy hay una muy importante voz menos haciendo ese trabajo.

Preocupa que este periodismo crítico reciba del poder el trato de un problema. La respuesta a las denuncias de corrupción es, casi siempre, el ocultamiento o la directa negación, más que la atención y solución de los problemas específicos señalados y, sobre todo, la superación de las condiciones que dentro y fuera de la administración pública dan lugar a esas prácticas. Lejos de procurar el diálogo, el debate y hasta la confrontación abierta de información y juicios, los gobiernos prefieren ignorar y, de ser posible, ahogar en publicidad las opiniones adversas.

No todos tenemos las mismas responsabilidades. Toca a la Secretaría de Gobernación asumir sus funciones como garante de libertades públicas y procurar que los espacios de debate se amplíen en vez de cerrarse. Está en sus manos que la voz de Aristegui vuelva a llegarnos.