Han sido innumerables las fallas del sistema de justicia penal, lo que ha multiplicado la impunidad, la corrupción y el tráfico de influencias, tres problemas gravísimos en el país. Basta con recordar algunos casos polémicos.

Uno de ellos fue el de la francesa Florence Cassez, quien quedó en libertad por una cuestionada decisión de la Suprema Corte, que le otorgó un “amparo liso y llano” a la acusada de secuestro. Después de permanecer siete años encarcelada, Cassez fue liberada de manera inmediata por violaciones al debido proceso, aunque se insistió en que eso no significaba su inocencia. El asunto es que en cuestión de horas volvió a Francia para ser feliz, según declaró.

Otro fue el del maestro indígena Alberto Patishtán, acusado por graves delitos cometidos el 12 de junio de 2000, cuando un grupo armado zapatista atacó a una patrulla policial en El Bosque, Chiapas. Fue condenado a 60 años de cárcel, aunque recientemente fue amnistiado por el presidente Enrique Peña Nieto ya que “fue víctima de un proceso judicial repleto de irregularidades”.

Uno más, el del capo Rafael Caro Quintero, prófugo desde que fue liberado por supuestos errores. La Suprema Corte revocó el amparo mediante el cual se le dejó en libertad bajo el argumento de que debió ser juzgado por autoridades locales y no federales.  El máximo tribunal determinó emitir una nueva sentencia, pero este no aparece…

El más reciente, el de Israel Arzate, detenido en el 2010 y acusado por la coautoría del asesinato de 15 jóvenes, en Chihuahua. La Primera Sala de la Suprema Corte ordenó su libertad inmediata porque este habría declarado su participación en el crimen luego de ser torturado. Se estimó que dicha confesión resultó nula de pleno derecho al haberse rendido bajo resguardo y custodia de autoridades militares y no ante la autoridad investigadora civil. 

En todas falló el debido proceso. ¿Quién tiene la culpa de estas fallas garrafales? ¿Quién supervisa tales decisiones? ¿Quién castiga a los que mantienen años en la cárcel a inocentes o dejan libres a presuntos criminales? 

Por el momento la mayoría comparte la frase del maestro Patishtán: "Al menos la mitad de los presos son inocentes porque el Poder Judicial existe para aplicar la ley, pero no la justicia". 

Bueña Señal…  

En el marco de la XIV Reunión del Órgano Técnico Implementador para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Quintana Roo, se dieron a conocer los avances relevantes de los ejes Planeación, Normatividad, Reorganización, Tecnologías de la Información y Difusión.

Lo más relevante divulgado por el magistrado presidente Fidel Villanueva: a partir del 10 de junio del 2014, los quintanarroenses contarán con un Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que respetará los derechos humanos con juicios públicos y orales para tener una justicia rápida y expedita.

Hay tiempo para perfeccionarlo y no caer en errores como los antes expuestos. Por el momento, eso motiva.