Vistas las cosas, me pregunto si la atrocidad de Iguala no resulta de un plan maestro meticulosamente concebido por algunos conspiradores del PRD. Digo, los efectos han sido devastadores para unos y otros pero en esas manifestaciones callejeras donde se desata la furia popular no suenan consignas contra los valedores del señor Abarca sino, miren ustedes, airadas exigencias de que renuncie Enrique Peña.

Hay cosas que no se entienden. Tras de que un canalla encubierto por los asoleados aztecas perpetrara una brutal carnicería, resulta que nadie pide ahora su cabeza (en algún momento escribí que, ya en plan decididamente bárbaro, los agraviados deberían vociferar que se le aplique la pena de muerte al antiguo alcalde y, de paso, algo así como una condena de prisión perpetua a su odiosa mujer) sino que su rabia se expresa en eslóganes delirantes —“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”— y reclamaciones teñidas de intereses partidistas.

Hay que decir, en este sentido, que las reivindicaciones del “pueblo bueno” no tienen futuro posible: primeramente, no hay manera de revivir a unos muchachos que, a partir de las revelaciones de quienes han confesado ser sus ejecutores, hubieran sido salvajemente asesinados; y, segundamente, no hay tampoco forma de que una demanda gritada en las marchas o copiada machaconamente en las redes sociales se trasmute en una causa sustentada jurídicamente.

Y, bueno, sigue también la discusión de si “fue el Estado”, a pesar de que la tragedia no resulta de una política oficial de exterminio de opositores sino de la vileza de un funcionario vinculado con una organización criminal. ¿Calculada confusión? Ustedes dirán…