En el año 2009 la XII Legislatura del Estado de Quintana Roo instituyó la Medalla al Mérito Distinguida Quintanarroense “María Cristina Sangri Aguilar”, en honor a la trayectoria política de esta ilustre dama chetumaleña que fue la primera mujer en ocupar el cargo de diputada local en nuestro estado y que se distinguió por abrir camino en el largo derrotero de los derechos de género. No obstante los subsecuentes nombramientos que se han venido otorgando parecen haberse encapsulado en el sur de la entidad, y peor aún: politizado. 

La profesora María Cristina Sangri, ha sido alcaldesa de la ciudad de Chetumal, diputada federal y Senadora de la República. El Congreso estableció que cada dos años se otorgaría la medalla que lleva su nombre a toda mujer que haya destacado “tanto en el ámbito nacional como local, en labores sociales, políticas, económicas, humanísticas, científicas, de investigación, deportivas, artes, y cualquier otra actividad que sea considerada como un ejemplo correcto de lo que puede lograr la mujer quintanarroense”. (Artículo 5 del Reglamento del Consejo de Evaluación de la Medalla al Mérito Distinguida Quintanarroense “María Cristina Sangri Aguilar”).

Llama la atención que en el Decreto de la XII Legislatura por medio del cual se instituyó la referida medalla, figura la firma de la entonces diputada María Hadad Castillo y en 2013 la mujer galardonada lo fue la cantante y actriz chetumaleña Astrid Hadad, parientes consanguíneos. Probablemente haya sido una simple coincidencia. No obstante la medalla en su edición 2015 se otorgó a la política chetumaleña Martha Silva Martínez, quien también fue legisladora local (1999-2002) y aun cuando ha trabajado en diversos proyectos de género, distinguiéndose como impulsora de la creación de la Comisión de Género y Equidad en el Congreso estatal, su trayectoria política ha sido – al igual que la de la mujer que dio nombre a la medalla- al amparo del PRI. Su hijo, Luis García Silva, es delegado federal de la Secretaría de Economía.

Algo está sucediendo con la auscultación que de manera imparcial debe realizar el Consejo de Evaluación, integrado por representantes del Poder Ejecutivo y legislativo locales y por la titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer. La convocatoria se difunde, por disposición expresa del reglamento, “en las páginas de internet de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, respectivamente”, sin que se generalice a través de medios impresos. El periodo para la recepción de las propuestas es absurdamente de tres días, con lo que las oportunidades de participación se reducen aún más. No sólo –entonces- es necesaria una revisión al marco normativo; sino fundamentalmente deben los que evalúan las propuestas desprenderse de criterios regionalistas y políticos antes de decidir. ¿Se podrá?