El accidente es, por naturaleza propia, un suceso tan impredecible como inesperado, aparte de trágico. Luego de que acontece, los humanos se preguntan siempre si hubiera sido posible evitarlo. Y, justamente, para impedir que ocurra es que se implementan, en los países organizados y modernos, toda clase de disposiciones preventivas, desde la limitación de la velocidad a la que circulan los coches hasta los mecanismos que detectan el humo de los incendios en los edificios.

Pero es a partir de aquí, de la capacidad de cada quien para poner en funcionamiento las medidas de prevención, donde se comienzan a advertir las enormes diferencias en el proceder de unas naciones y otras: las sociedades más desarrolladas tienen índices mucho más bajos de accidentes porque coordinan más eficazmente sus esfuerzos para proveer seguridad a sus ciudadanos mientras que otros sucesos terribles —la muerte de decenas de personas en el autobús desvencijado que se queda sin frenos, la explosión de un ducto petrolero causada por una turba que roba combustible,la inundación de un barrio edificado indebidamente en una zona de alto riesgo o el derrumbe de un edificio mal construido— son, desafortunadamente, aconteceres muy frecuentes en los países más atrasados.

Los seísmos que tienen lugar en Turquía no son ni lejanamente tan intensos como los que ocurren aquí en México pero la laxitud de las normas de construcción en aquella nación hace que sean mucho más mortíferos (podemos ufanarnos, por una vez, de tener una sólida cultura de prevención de daños por temblores de tierra); las autoridades cubanas suelen organizarse tan eficazmente durante los huracanes que el parte de bajas es mínimo mientras que en Haití las consecuencias son devastadoras; las carreteras de Europa occidental son infinitamente más seguras que las de cualquier territorio de nuestro subcontinente y hay un número sustancialmente menor de accidentes mortales; en fin, la realidad de los números y las estadísticas salta a la vista.

Más allá del reconfortante espesor de las columnas de nuestros edificios, en México no nos distinguimos particularmente por una cultura de la prevención. Y tampoco ejercemos un civismo que garantice la seguridad de los demás. Más bien al contrario: vivimos en un país donde andar en bicicleta es muy riesgoso, donde los transeúntes tienen que correr para evitar la embestida de coches que no se detienen en los pasos peatonales y donde las carreteras están tan mal señalizadas que viajar de noche es una auténtica prueba para las capacidades del conductor.

Naturalmente, no hay manera de que un sistema social caracterizado por una abismal desigualdad pueda proporcionar, en los hechos, garantías verdaderas para todos sus ciudadanos. La explosión en uno de los edificios corporativos de Pemex es una auténtica tragedia, es cierto, pero ha tenido un impacto mucho mayor que el de otros accidentes por haber ocurrido en un espacio urbano y en un lugar muy emblemático: cuando un autobús se despeña y mueren decenas de compatriotas no vemos que acudan las altas autoridades ni que se sacudan tanto las buenas conciencias de la gente. En México son mayormente los pobres quienes mueren innecesariamente y su desaparición ocurre en un anonimato tan vergonzoso como infamante es nuestra indiferencia nacional. Hoy, estamos de duelo, pero generalmente nos acomodamos con singular apatía a los horrores ocurridos en muchísimos rincones del territorio patrio. Y no hablo de las atrocidades perpetradas por los sanguinarios delincuentes sino del mero acaecimiento de accidentes terribles que serían perfectamente evitables si las autoridades cumplieran sus obligaciones con mayor decencia.

Lo curioso es que, en ocasiones, la factura la pagan también aquellos que debieran sentirse a buen recaudo: Juan Camilo Mouriño, para mayores señas, no hubiera debido morir, junto con sus infortunados acompañantes, si los procedimientos de contratación de servicios aéreos para la secretaría de Gobernación se hubieran realizado con el debido rigor. En toda desgracia hay siempre una combinación de circunstancias adversas pero uno puede también preguntarse, en el caso de la explosión del edificio de Pemex, cómo es que Hacienda no dio oportuna respuesta a las peticiones de la empresa paraestatal para renovar sus sistemas de seguridad. Es doblemente llamativo porque las arcas del Estado mexicano se llenan con dineros de esa misma gran corporación: nuestras autoridades hacendarias, miren ustedes, todavía no aprenden a cobrar impuestos y no han encontrado cosa mejor que ordeñar inmisericordemente a la petrolera de “todos los mexicanos”. Algo hubieran debido devolverle, ¿o no?