En el Programa Nacional de Infraestructura que presentó ayer el Enrique Peña Nieto, el gobierno más que nunca va de socio del sector privado.

El paquete de 743 proyectos demandará una inversión de 7.7 billones de pesos, pero el gobierno solo aportará 4 billones, mientras que las empresas pondrán el monto restante: “Seis de cada 10 pesos del programa provendrán de recursos públicos”, dijo el Presidente.

Y esto sí es un gran cambio versus el anterior PNI de 2007, donde la balanza se volteaba casi por completo al lado estatal (además de que fue menor).

Si bien la Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP) tiene menos de dos años, ya hay empresas dedicadas a la infraestructura que avanzaron rápido y consistentemente en un formato similar como el de contratos de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS). Se trata de un modelo de participación mitad gobierno-mitad empresa donde la rentabilidad se obtiene con concesiones de largo plazo.

Hace unos meses Carlos Hank González, director general de Grupo Financiero Interacciones y Grupo Hermes, me daba una premonición: “Estamos entendiendo las bondades de este esquema (de APP). El gobierno federal tiene muy claro y sobre todo el presidente Peña Nieto, porque lo hizo desde el Estado de México”.

En esos años su secretario de Finanzas era también Luis Videgaray, y él mismo explicaba en aquellos tiempos que “estos PPS son un mecanismo financiero que amplía la capacidad de hacer obra pública trascendente, una forma de disminuir costos para el gobierno, una estrategia para mantener la calidad óptima de los bienes públicos”.

A escala estatal muchos gobiernos están aprovechando los PPS que les permite lanzar obras sin tener que soltar su presupuesto en ellas.

Y la mayoría de las empresas constructoras y de infraestructura conocen las tripas de estas asociaciones, como la desarrolladora Marhnos (familia Mariscal), que ya tiene 8 proyectos en el país, la mayoría vinculados a la construcción y operación de hospitales públicos. Pero se suman las grandes como ICA, Ideal y las extranjeras como OHL, CAF o Acciona.

Época interesante no solo para los departamentos internos de estas empresas, sino para los despachos de abogados especializados y para las asesoras intermedias como Protego, PwC o Ernst & Young.

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