Hoy entra en vigor la ley antilavado. En principio no hay una cifra concreta sobre cuánto dinero se lava en el país. Mientras la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados afirma que en 2012 se blanquearon 10 mil millones de dólares (mdd), Stratford —la empresa estadunidense especializada en servicios de inteligencia— acaba de publicar que su cálculo es de entre 19 mil y 39 mil mdd al año. 

¿Es la ley que necesita México? ¿Cuál es un buen ejemplo de prevención de lavado de dinero en la región?
“Todo es perfectible y esta ley es idónea para regular actividades económicas que puedan ser vulnerables. De entre las legislaciones latinoamericanas, la colombiana reviste características peculiares que la hacen novedosa”, me explicó Ramón García Gibson, consultor especializado en este tema e investigador del Conacyt. 

En México la ley denomina como ‘vulnerables’ de lavado a estas actividades: juegos de apuestas, concursos y sorteos; emisión de tarjetas de crédito y cheques de viajero; servicios de construcción y desarrollos inmobiliarios; compra-venta de metales y piedras preciosas; subasta o venta de obras de arte; venta y distribución de vehículos; servicio de blindaje de autos; traslado de valores; prestación de fe pública (notarios, corredores y servidores públicos); donativos de asociaciones sin fines de lucro y prestación de servicios de comercio exterior.

En cambio, uno de los puntos interesantes de la ley colombiana es que amplía el control vía entidades especiales, que ejercen como vigilantes y que envían reportes más profundos a la Unidad de Análisis Financiero de Colombia. 

Uno de estos entes es Coldeportes, que supervisa, ni más ni menos, que a los clubes de futbol, algo que hubiera necesitado el Necaxa para el caso del ex gobernador de Aguascalientes y ese “faltante” de 19 millones de pesos. 

Otros organismos copiables a Colombia son la Superintendencia de Economía Solidaria y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Mintics). La primera se encarga de controlar las cooperativas de ahorro y crédito, un rubro que no se ve contemplado en la nueva ley mexicana.

La segunda tiene como fin vigilar a los operadores postales de pago, es decir a las empresas que se encargan de hacer envíos de dinero desde y hacia el país. México es una potencia en el rubro de remesas… por cierto.

Ojalá esta nueva ley tenga “mantenimiento permanente” para blindarse contra la creatividad que se pondrá en marcha, también a partir de hoy, entre los lavadores de fondos mal habidos.