La crisis de Iguala por la muy probable matanza de estudiantes ha puesto en jaque no solo a los políticos, sino a las instituciones y  la estrategia gubernamental para hacer frente al crimen.

Se impuso la barbarie. Participaron activamente los policías municipales al servicio del crimen organizado. Todo parece que el dueño de la plaza pretendió una acción ejemplar para que nadie se atreviera a incursionar en su territorio.

Hay revelaciones que indican que el alcalde y su esposa eran parte del grupo criminal. Lo que ahora impacta es la pasividad e indiferencia del gobernador Ángel Aguirre. El hecho también llega a las instancias federales, las que ahora deben hacerse cargo de la situación, en todos los sentidos.

La furia se ha desatado contra el gobernador. Una vez que se pruebe de manera concluyente que los estudiantes fueron brutalmente asesinados, la indignación complicará todavía más a todos, en especial al gobernador Aguirre. Su responsabilidad en el caso es evidente; incluso todavía falta por conocer los vínculos personales, políticos y económicos del alcalde ahora prófugo con el gobernador. Carlos Loret de Mola afirma que había cercanía personal entre el gobernador y la esposa del presidente municipal, revelación que cobra relieve precisamente porque el vínculo del alcalde con los criminales se dio a través de la familia de su mujer.

Carlos Navarrete se inauguró de la peor forma en su cargo de nuevo dirigente. No hubo ni minutos de luna de miel. El mismo día de su ungimiento, el grupo derrotado echó en cara los vínculos del alcalde con Nueva Izquierda, a donde pertenece el anterior y actual líder del PRD. Navarrete se equivocó al hacer público lo que debió dejarse en lo privado: la protección del gobernador Aguirre.

Después modificó su postura pública, no la privada. Los senadores de Guerrero, prospectos a sucederlo, en sesión del pleno dejaron solo al gobernador, saben que les va todo y que la crisis también a ellos puede arrollar. El gobernador habla de un referéndum a organizar por el INE, propuesta legalmente inviable como lo ha precisado Lorenzo Córdova. El PRD no sabe qué hacer con el gobernador, pero de agravarse la situación tendrían que dejar correr su relevo.

El gobierno federal tampoco sabe qué hacer con el gobernador. La visión inicial no fue la renuncia, pero las cosas cambiaron después de evidencias de que los estudiantes desaparecidos habían sido masacrados. Esto mismo llevó al presidente Enrique Peña Nieto a fijar posición y a ordenar una investigación a fondo y deslinde de responsabilidades.

El PRD se le atravesó al gobierno federal; Aguirre pidió apoyo y lo obtuvo. Al menos ganó tiempo, pero lo que ha hecho ha complicado todavía más la situación. Sus palabras revelan, al menos, negligencia.

Otra consideración elemental para mantener al gobernador en el cargo es que la remoción no resuelve, sino complica las cosas. Allí está el ejemplo de Michoacán, un gobernador en el desorden, por otro con credenciales ejemplares, pero desde el punto de vista de los locales no ha habido solución, aunque se reconoce el avance en materia de seguridad, incluso se activa un sentimiento de agravio por una idea de sometimiento a fuerzas de ocupación.

Un gobernador democráticamente electo es portador de una investidura que no se puede ver con desdén. Además, la renovación de poderes es próxima, a menos de nueve meses.

La renuncia o remoción de un gobernador es asunto de la más grave consecuencia. Solo una situación extrema lo justifica. La impopularidad o la condena generalizada en los medios no son suficientes; se requieren elementos políticos de peso mayor y, especialmente, los de carácter legal. Las investigaciones están en curso y en caso de que se acreditara que la negligencia era en realidad connivencia, el futuro de Aguirre está marcado y su salida del gobierno sería inevitable.

Es deseable que en Michoacán y en Guerrero los partidos contendientes hagan muestra de prudencia y madurez. Ninguno tiene cara para plantarse como opción para resolver por sí mismo el deterioro institucional a causa del crimen organizado. Se requerirá de todo y todos. Por esta razón desde ahora debe haber un entendimiento para no complicar la de por sí crítica situación.

En Guerrero el PRD es factor mayor. Su intervención servirá para darle curso racional a la crisis. Su dirigencia ha asumido un elevado costo por precipitarse en apoyar al mandatario, a la vez de que asiste a Iguala para expresar disculpa por llevar al poder a un alcalde implicado con los criminales. A pesar de todo, el PRD tiene todo para ganar la elección de gobernador. La salida a la crisis no es el engaño propio de la doble moral o la hipocresía, sino contribuir responsablemente a la solución.