Abogados cercanos al movimiento que quiere que se haga una consulta popular en torno a la reforma energética creen haber encontrado un nuevo resquicio legal que podría triunfar en tribunales, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y echar abajo los cambios constitucionales. 

Según me explican, hasta ahora el principal debate tiene que ver con si la consulta puede revocar algo ya hecho, si además puede revocar actos no solo del Legislativo federal, sino de los legislativos estatales o si el tema de la reforma podría estar dentro de las excepciones constitucionales que pueden ser consultadas.

Pero qué tal si el asunto se plantea a partir de que el proceso de aprobación de la reforma fue inconstitucional y, por tanto, no es válido. 

Escribo lo que me cuentan: a principios de diciembre del año pasado los legisladores solo tenían el artículo 35 en su fracción VIII, que dice que las consultas populares serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:
“C) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, a 2 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley”.

El 3 de diciembre los senadores del Partido de la Revolución Democrática presentaron ante el Senado cajas que, según ellos, contenían casi dos millones de firmas, más de 2 por ciento que manda la Constitución. Según MILENIO: “En un salón del Senado, los perredistas fueron recibidos por el presidente del Senado, el priista Raúl Cervantes, quién instruyó que pongan bajo resguardo de manera inmediata las cajas con las rúbricas ciudadanas. 

¿Qué debió hacer el Senado en ese momento? Esa será a pregunta que se planteará a la SCJN. 

Y con más precisión: El hecho de que no haya hecho nada, ¿invalida la reforma aprobada nueve días después?
Hasta donde se sabe, el Senado no pidió al IFE que verificara las firmas, como manda la Constitución. No suspendió sus procedimientos para siquiera discutir si, con base en lo que decía la Constitución, tenía mérito la petición. Podrían haber llegado a la conclusión de que no procedía, pero no hubo procedimiento. 

La mala técnica legislativa ha echado por la borda otras leyes. 

Este camino no es sencillo, complicado en términos de técnica jurídica, pero podría ser la mejor apuesta de los que quieren la consulta.