Creo que la reforma energética se hizo en dirección opuesta a las necesidades del país, que el consumo general de energéticos no se va a abaratar, sino tal vez al contrario, y que los ingresos del gobierno se van a ver finalmente mermados, afectando la calidad de los servicios públicos.

Creo que muchos desconfiamos de las privatizaciones, pues décadas de experiencia demuestran que sólo benefician a unos pocos a cambio de perjudicar a los más. Creo que quienes así pensamos somos mayoría, y creo que sería bueno saber si esto es cierto.

Así las cosas, no deja de llamarme la atención que algunos partidarios de la reforma energética ya votada insistan enfáticamente en que la reforma no es susceptible de ser llevada a consulta popular. No pretenden tener apoyo mayoritario de la sociedad. Tampoco plantean defender la reforma en un debate nacional que pudiera preceder a la consulta, a fin de acreditar en él las ventajas de los cambios legales realizados.

No. El reclamo que con más fuerza se hace es que la ciudadanía no tiene derecho a que se le consulte sobre el tema, pese a las recientes reformas que establecen este mecanismo para acordar los asuntos nacionales más importantes. 

Los argumentos que se esgrimen son principalmente dos: que la constitución no debe someterse a consultas y que, puesto que la reforma energética tiene implicaciones presupuestales, queda por definición excluida de ser opinada por los electores.

Ninguno de los dos argumentos es consistente. En el supuesto de que en efecto las normas constitucionales hubieran quedado fuera del mecanismo de consulta, lo que habría que reclamar es que dicha deficiencia se corrigiera, y no festinar que, gracias a limitaciones antidemocráticas, la ciudadanía no es quien para opinar sobre el petróleo y la electricidad. 

En cuanto a pretender que un tema quede excluido de las consultas a los ciudadanos porque tiene implicaciones presupuestales, esto significa pedir la nulidad práctica de este mecanismo de participación ciudadana, pues cualquier tema de relevancia nacional tiene implicaciones presupuestales directas.

Ciertamente, las consultas a la ciudadanía son sólo parte de los instrumentos democráticos de la sociedad, pero refugiarse en sus limitaciones para legitimar el autoritarismo le hace un mal favor a la sociedad.