Horas después del asesinato de la ex presidenta municipal de Tiquicheo, María Santos Gorrostieta, noviembre de 2012, el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, declaró que los asesinos podrían ser Los caballeros templarios.

La respuesta llegó de inmediato. Los criminales colgaron mantas en unos 15 municipios de la zona para decirle a Vallejo que no olvidara cómo había ganado la elección un año atrás, ni los compromisos adquiridos. Ahí quedó la cosa.

Tiquicheo, Tanguato, La Piedad… Asesinatos e intentos de asesinatos. Un común denominador: autoridades municipales que trataron de enfrentar las extorsiones de los grupos criminales. Un modus operandi. Y un gobierno estatal que se encoge de hombros.

Por eso es tan irrelevante el deslinde que hizo ayer el secretario de Gobierno de Fausto Vallejo y hoy gobernador interino, Jesús Reyna, sobre sus hipotéticas ligas con los Templarios tras el asesinato, también en la región, del vicealmirante Salazar Ramonet. En los hechos es como si las tuviera. Su ineficacia es cómplice.

El grado de avance de Michoacán en el modelo de Policía Estatal Acreditable era hace unos meses de 51 por ciento, contra el 68 por ciento nacional. Cuando el gobierno federal le pidió a Fausto Vallejo en 2012 que al menos le entregara al Ejército o a la Policía Federal el Centro de Comando y Control (C4), el de las llamadas 066, la respuesta fue que no tenían dinero para las liquidaciones.

Se les ofreció el dinero, pero los michoacanos argumentaron que habría un lío, porque el personal era en su mayoría sindicalizado.

Y dicen que no trabajan para los Templarios.