El lunes de la semana pasada, en este mismo espacio, afirmé que la Consejería Jurídica de la Presidencia daba la impresión de habérsele “olvidado al menos un estado más” en su recurso de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de obligar a los gobernadores y congresos de la República todavía renuentes a acatar la reforma educativa federal.

Quintana Roo era la entidad faltante porque, deduje, si bien sus diputados locales aprobaron (por unanimidad) las modificaciones que determinó el Congreso de la Unión, el gobernador Roberto Borge no tenía la intención de aplicar las nuevas disposiciones.

De las leyes se ocupan los legisladores, pero de su aplicación el Poder Ejecutivo y, en el caso de Borge, sus paisanos (legisladores) aprobaron lo que él se comprometió, con anterioridad, a no cumplir, ya que se prestó para, inclusive, publicar en el Periódico Oficial del 5 de noviembre cuanto quiso la predominante facción de la disidencia magisterial.

“Las leyes y demás disposiciones obligan por el solo hecho de publicarse en este periodo” (sic) , reza el lema de la publicación en que el gobernador y su secretaria de Educación, Sara Latife Ruiz Chávez, asumen como propia toda la rollera, demagógica, retrógrada y convenenciera exigencia de la contrarreforma que promueve en distintas entidades la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En la edición de esa fecha se publicó una cachetona “minuta de acuerdos” que obliga a todo a la administración estatal y libera de cualquier compromiso al magisterio quintanarroense…, escribí.

Bien, pues el gobernador aludido me llamó para decirme: “Mi voluntad política es la ley, no así el manifiesto que se publicó. Eso fue porque lo solicitaron los dirigentes de los tres comités de lucha, pero fue a sabiendas de que su proclama no tendría ningún efecto”.

Según explica, los acuerdos con los que se puso fin al paro del profesorado que tuvo lugar en QR se basaron en una premisa: que ninguno podía contraponerse con la reforma educativa y sus leyes secundarias, y consistieron básicamente en el compromiso de fortalecer la infraestructura de la enseñanza en los términos que señala la propia reforma constitucional. 

“El 5 de noviembre de 2013, en cumplimiento a los compromisos firmados entre la Comisión Interventora para la Reforma Educativa y el movimiento magisterial, se publicó en el Periódico Oficial del estado la minuta de fecha 21 de septiembre de 2013, que no contraviene la reforma constitucional ni las leyes secundarias.

Como gobernador, estoy muy orgulloso de que Quintana Roo estuvo entre los ocho primeros del país en aprobar su nueva Ley de Educación (el 26 de febrero de 2014), como producto del diálogo entre todos los involucrados. El propio secretario de Educación, Emilio Chuayffet Chemor, ha puesto a Quintana Roo como ejemplo por la aprobación de su nueva ley y por el respeto al espíritu de la legislación educativa federal”, concluye Borge.